La Policía de Guatemala arrestó ayer a dos diputados y dos excongresistas vinculados con la creación en 2015 de decenas de puestos ficticios desde la junta directiva del Congreso.
“Las detenciones se deben al caso sobre plazas fantasma en el Congreso de la República”, informó Yecenia Enríquez, portavoz de la fiscalía.
Los dos diputados en funciones son César Fajardo Morales (quien formó parte del partido UNE y luego se declaró independiente) y Manuel Marcelino García Chutá (Movimiento Reformador). También fueron detenidos los exdiputados Amílcar Aleksander Castillo Roca, de quien Juan Carlos Monzón –imputado en el caso de fraude aduanero– aseguró que tenía plazas fantasma en el Registro de Información Catastral, y Selvin García Velásquez (Creo), quien fue tercer vicepresidente y renunció al cargo el año pasado al aparecer involucrado en el caso.
Castillo Roca militó en el desaparecido Partido Patriota (PP), agrupación que llevó al poder en 2011 a Otto Pérez Molina, actualmente encarcelado por corrupción.
El escándalo por las plazas ficticias fue revelado en mayo de 2016 por la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), adscrita a la ONU, instituciones que desde 2015 mantienen una lucha contra la corrupción.
En tanto, la fiscal general Thelma Aldana confirmó al diario Siglo XXI que se giraron ocho órdenes de captura en este caso.
El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Sandoval, aseguró a Siglo XXI que esperaban ejecutar otras capturas, ya que eran nueve los allanamientos previstos. Según la información oficial, las diligencias se realizaron en residencias particulares y oficinas del Congreso.
Por los cargos ficticios en el Congreso existe una orden de captura contra el presidente legislativo en 2015, Luis Rabbé, cuyo paradero se desconoce, aunque la prensa local ha publicado que se encontraría en Nicaragua o México.
Según el diario Prensa Libre, los detenidos están imputados por peculado por sustracción y abuso de autoridad, delitos que les fueron informados por la juez de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez. Los acusados serán presentados ante un juez hoy, en lo que se denomina audiencia de primera declaración, donde tendrán la oportunidad de desmentir los cargos que les imputan. Mientras tanto, fueron enviados a prisión preventiva a la Cárcel para Hombres, en el Cuartel Matamoros.
Según Prensa Libre, Fajardo Morales perdió la inmunidad el pasado 15 febrero, cuando la Corte Suprema consideró que existían indicios para investigarlo formalmente. Las pesquisas, explica el diario, en su momento determinaron que Fajardo contrató, cuando fue parte de la directiva en la presidencia de Rabbé, a unas 20 personas en puestos de auxiliares en la Primera Secretaría y su despacho, además de las tres permitidas por ley, con salarios de entre 5 mil (unos $681) y 15 mil quetzales (unos $2 mil 44). Al menos tres personas cobraban sin asistir.
La principal investigación de la fiscalía y la Cicig reveló en 2015 la existencia de una red que cobraba sobornos en las aduanas, en la que fue involucrado el entonces presidente Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes debieron renunciar a sus cargos en medio de masivas protestas.
(Con información de AFP)