En julio de 2012, la Caja de Seguro Social (CSS) adjudicó al consorcio español Arranz Acinas la construcción de un módulo de oficinas y 200 estacionamientos en su edificio de Clayton, a un costo de $2.7 millones.
Sin embargo, una serie de atrasos en trámites de la entidad dirigida por Guillermo Sáez-Llorens dilataron la obra, al punto de que esta ni siquiera comenzó.La institución resolvió el contrato administrativamente al señalar que la empresa incumplió su parte.
Al no ejecutar el proyecto, la CSS reclamó el pago de $1.3 millón a Nacional de Seguros en concepto de la fianza de cumplimiento, pero el plazo para hacerlo había vencido.Al mismo tiempo, la CSS decretó un secuestro a los bienes de la aseguradora, atentando contra la Ley 12 de 2012, que regula la actividad de seguros.