La firma Constructora Camargo Correa S.A., una de las mayores empresas de ingeniería de Brasil, está en negociaciones con fiscales federales para lograr un nuevo acuerdo en el marco del escándalo de corrupción Operación Lava Jato, informó ayer el semanario Veja.
Según Veja –citada por la agencia de noticias Reuters–, que citó a personas con conocimiento directo de las negociaciones, los abogados de Camargo Correa están negociando acuerdos para 40 ejecutivos, incluido un miembro de la familia que controla a su matriz, Camargo Correa S.A.
En un comunicado enviado a Reuters por correo electrónico, la Constructora Camargo Correa dijo que fue la primera compañía en buscar un acuerdo de clemencia total con los fiscales que investigan el escándalo. Prometió seguir cooperando con las autoridades, pero no hizo más comentarios sobre el reporte de Veja.
La oficina de prensa del fiscal general, Rodrigo Janot, no respondió a los llamados buscando comentarios.
Según el diario La República, de Perú, Veja señala también que el acuerdo que se negocia incluye la entrega de información y documentos que involucran en actos de corrupción a 200 políticos, entre ellos el actual presidente de Brasil, Michel Temer.
Además, Camargo Correa habría prometido “exhumar el cadáver de la Operación Castillo de Arena”, que sería uno de los primeros trabajos del equipo que llevó adelante la Operación Lava Jato, pero la empresa logró que la Corte Suprema declarará ilegal todas las escuchas telefónicas y documentos incautados que no pudieron ser utilizados en el juicio.
En agosto de 2015, la constructora accedió a devolver 700 millones de reales (217 millones de dólares) a empresas controladas por el Estado por los perjuicios relacionados a las prácticas de sobornos y arreglo de precios descubiertas por la investigación de la Operación Lava Jato. La pesquisa se ha centrado en la petrolera controlada por el Estado Petróleo Brasileiro S.A., conocida como Petrobras, y ha descubierto una trama de corrupción sistémica en otras empresas estatales que ha involucrado a funcionarios en altos cargos del Gobierno.
La investigación también ha golpeado a la clase empresarial de Brasil, enviando a prisión a decenas de ejecutivos, así como a políticos y funcionarios, a la vez que ayudó a poner fin el año pasado a los 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores, con la destitución por parte del Parlamento de la reelecta presidenta Dilma Rousseff.
En diciembre de 2016, ante una corte de Estados Unidos, Odebrecht y su petroquímica Braskem se declararon culpables de pagar sobornos en 10 países de Latinoamérica y 2 de África luego de una investigación en Brasil de una gran red de corrupción.
Odebrecht admitió haber pagado al menos 800 millones de dólares en sobornos para obtener contratos de infraestructura. El acuerdo de culpabilidad de Odebrecht ha desatado un gran número de investigaciones en Latinoamérica y arrojó luz a la corrupción que permea en la región a pesar de sus divisiones ideológicas.