La cuenta de Twitter del partido Cambio Democrático anunció a la 1:00 p.m. de ayer que se había confirmado un cambio de medida cautelar a favor de José Raúl Mulino y Alejandro Garuz, ministro y viceministro de Seguridad Pública del gobierno anterior, respectivamente, procesados por el caso relacionado con supuestas anomalías en la compra de 19 radares a Selex, filial de Finmeccanica.
Este medio inició las averiguaciones con fuentes judiciales y con la defensa legal de Mulino y Garuz para conocer sobre la veracidad del anuncio.
José Raúl Mulino Cohen, hijo del exministro y miembro del equipo legal que lo defiende, reveló que tenían conocimiento del cambio de la medida cautelar otorgada a su padre, pero que no tenía el fallo del Segundo Tribunal Superior, porque el expediente estaba en la Fiscalía Tercera Anticorrupción, a cargo de Zuleyka Moore, quien tenía que notificarse de la decisión del tribunal.
La fiscal Moore apeló en marzo pasado ante el Segundo Tribunal el cambio de medida cautelar que dictó a favor de Mulino y Garuz el juez quinto penal, Enrique Paniza.
Mulino Cohen detalló que una vez la fiscal Moore cumpla con el proceso de notificación, el expediente debe ser devuelto al Juzgado Quinto Penal para que este emita un oficio a las autoridades policiales y del Sistema Penitenciario, a fin de que pongan en libertad inmediata al exministro.
En el Ministerio Público no hubo respuesta sobre la fecha en que la fiscal se dará por notificada del citado fallo.
Por su parte, Carlos Carrillo, defensor legal de Garuz, también indicó que no ha sido notificado del cambio de medida cautelar a favor de su cliente.
En efecto, a las 5:25 p.m. de ayer, a través de una nota de prensa de la Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial, se confirmó que el Segundo Tribunal Superior Penal le otorgaba país por cárcel a Mulino y arresto domiciliario a Garuz. Los fallos que emitió el tribunal sobre esta apelación tuvieron la ponencia de la magistrada María De Lourdes Estrada y fueron firmados por su colega Adolfo Mejía.
El tribunal ordenó que Mulino debe notificarse ante esa instancia los días 30 de cada mes y además debe residir en su domicilio actual.
Con respecto a Garuz, el tribunal envió oficio a la Dirección del Sistema Penitenciario para que sea trasladado a su residencia una vez el Centro Médico Paitilla determine darle de alta.
Garuz permanece hospitalizado en ese nosocomio desde el 15 de enero pasado, cuando la fiscalía le cambió la detención preventiva por arresto hospitalario.
Aunque los magistrados advirtieron en el fallo que existen elementos, “al menos de forma indiciaria” , de la probable comisión del delito contra la administración pública en perjuicio del Ministerio de Seguridad Pública, apoyaron el argumento del juez quinto penal al cambiar la medida cautelar a Mulino, “ya que al verificar las normas procesales que rigen la materia, tanto el Código Judicial como el Código Procesal Penal, y de acuerdo con las circunstancias y evidencias del proceso en particular, no existen evidencias de que el hoy imputado represente un peligro para la sociedad, a pesar de las connotaciones que han sido expuestas por el hecho investigado”.
Asimismo, los magistrados indicaron que “no existe el peligro de destrucción de pruebas y desatención del proceso, pues la dirección del sumario no recae sobre los imputados (Mulino y Garuz), está bajo dominio de la agencia de instrucción y como tal es el rector de las evidencias y pruebas”.
En cuanto al exviceministro Garuz, el tribunal desechó el argumento de la fiscal de que, para el cambio de la medida cautelar, se usaron normas en desuso y que se debió declarar sustracción de materia, porque el sindicado estaba recluido en un centro médico.
De igual forma, el tribunal apoyó los argumentos del juez quinto penal, en el sentido de que la evaluación médica legal fundamentó que Garuz requería de mejores condiciones sanitarias y atención médica.