El Gobierno utilizó la ley en la que se establecen las últimas modificaciones a la implementación de las impresoras fiscales, para introducir una novedad en la ley que establece los parámetros de la política fiscal del país: la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
La modificación, el establecimiento de un límite a la contratación de proyectos llave en mano fue introducida en el segundo debate de la norma de los equipos fiscales, obviando la discusión pública que se genera en el primer debate.
No es la primera vez que el Gobierno utiliza una norma que no está relacionada con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal para introducir cambios a esta importante regulación. En abril, en una ley que introducía cambios al Código Fiscal, se excluyó del sector público no financiero a Tocumen, S.A., a la Empresa de Transmisión Eléctrica, y a la Empresa Nacional de Autopistas.
Según el Gobierno, el último cambio obedece a una petición de las calificadoras de riesgo. Consultado sobre cómo se introdujo la modificación, el ministro de Economía, Alberto Vallarino, quien no ocultó su malestar al ser cuestionado, dijo que “públicamente comuniqué en más de una ocasión que se iba a introducir esta reforma en la primera oportunidad, para convertir en norma legal lo que ya era una política de la administración Martinelli”.
