“La mitad del período para el que fue electo el presidente Nicolás Maduro se cumplió el 10 de enero de 2016 (...)” y conforme al reglamento “la recolección del 1% para activar a una organización política que recogiera las firmas para la revocatoria del mandato debía darse en este caso el 11 de enero de 2016” y no cinco meses después.
Lo anterior es parte de la explicación que dio ayer al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela la canciller Delcy Rodríguez, ante la solicitud de referendo revocatorio del mandato de Maduro, hecha por la Mesa de la Unidad Democrática, y para sustentar por qué el Gobierno asegura que no dan los tiempos para realizarlo.
Rodríguez comenzó leyendo el artículo 72 de la Constitución, que señala que todos los cargos de elección y magistraturas son revocables, transcurrida la mitad del período para el cual fue electo el funcionario. Alegó que esta parte del artículo es muy importante, porque habla de la oportunidad en que debe darse la activación de este mecanismo.
“En ese momento [el 11 de enero] se da una discusión pública entre los distintos factores de la oposición, donde se reclaman entre ellos que si no recogían las firmas en ese mes ya no podría darse el referendo revocatorio para este año”, dijo. Sin embargo, agregó, “esa es la tragedia que vivimos los venezolanos, una oposición profundamente dividida, comienza la discusión de quién debía ser su candidato a la Presidencia de la República y justamente la falta de acuerdo fue lo que llevó a que no recogieran las firmas cuando debían recogerse”, remarcó.
Rodríguez reiteró que cinco meses más tarde de la fecha prevista por la Constitución, la oposición inició el proceso, a sabiendas de que ya no sería posible realizarlo. “No es posible realizar el referendo en 2016, porque los tiempos, el cronograma contemplado (...) no dan la oportunidad; esa es la única razón”, aseguró.
La canciller habló un día después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que validó un millón 352 mil 52 de las firmas presentadas por la Unidad para pedir la activación del referendo y que entre el 20 y el 24 de junio se hará la validación mediante huella dactilar, un aviso que según la oposición llegó con un retraso de 40 días, y que atribuye a la parcialización del organismo con el Gobierno.
Juan Caldera, representante opositor ante el CNE para el proceso del revocatorio, explicó ayer que el Gobierno pretendía eliminar 800 mil firmas y gracias al trabajo que realizó la oposición “se logró parar la rebanadora”. “Solamente entre [los] que firmaron en lugar distinto en donde les tocaba votar, se rebanaron 100 mil firmas. Por errores de transcripción se rebanaron más de 50 mil firmas. Las personas que tienen letra ñ en su apellido, también fueron rebanadas (...)”, apuntó Caldera al enumerar las trabas que antecedieron la noticia de la fecha para continuar el proceso y los 24 puntos en los que pondrán las captahuellas.
Precisó que en cada oficina regional del CNE habrá un número de máquinas que hasta ahora es de 300, aunque por la cantidad de firmas que deben ser validadas ellos aspiran que sea elevada a 600 y así lo han planteado. La MUD tendrá testigos en cada centro de validación.
El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, invitó a las 605 mil 729 personas cuyas firmas fueron invalidadas a que asistan hoy a una concentración en la que estarán los líderes opositores cuyas firmas también fueron excluidas.