Amparándose en el Reglamento de ética y conducta de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y en la Ley No. 19 de 11 de junio de 1997, que reorganiza esa corporación, la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Angélica Maytín, pidió al ministro de Asuntos del Canal, Roberto Roy, suspender del cargo de directivo de la ACP a Nicolás Corcione Pérez Balladares.
Su solicitud se da en medio de la presentación de recursos de la defensa del empresario, que se ampara en ese cargo para no rendir indagatoria ante la Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada, que le sigue una investigación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, relacionado a las cuentas vinculadas al exmagistrado Alejandro Moncada Luna.
Según la defensa de Corcione Pérez Balladares, por ser miembro de la directiva de la ACP no corresponde al Ministerio Público (MP) investigarlo, sino a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por lo que han interpuesto dos incidentes de controversia ante el Juzgado Decimosexto Penal y ante la citada fiscalía.
Maytín basó su requerimiento en el numeral 13 del artículo 6 del Reglamento de ética y conducta de la Autoridad del Canal de Panamá, que establece que: Son principios de conducta ética que rigen para la Autoridad del Canal de Panamá, los siguientes: evitar cualquier acción que aparente ser contraria a la ley o las normas éticas.
Además, argumenta el artículo 20 de la Ley No. 19 de 11 de junio de 1997, por la cual se reorganiza la ACP, el cual señala: “los miembros de la junta directiva serán suspendidos y, en su caso, removidos de sus cargos por la comisión de delito doloso o contra la administración pública. La suspensión o remoción de los directores será aplicada sin perjuicio de cualquier sanción penal que proceda. Los directores también podrán ser suspendidos o removidos, por comprobada incapacidad física, mental o administrativa, mediante disposición del Presidente de la República, con el acuerdo del Consejo de Gabinete y la Asamblea Legislativa”.
En tanto, el constitucionalista y exministro de Estado Mario Galindo opinó que “la investigación para determinar si Corcione ha incurrido o no en un delito corre, sin duda, a cargo del MP, que le corresponderá promover la formulación de cargos ante la referida sala de la Corte”.
De acuerdo con Galindo, tanto el director o administrador de una entidad autónoma o semiautónoma, como los miembros de la junta directiva de esas empresas, son sujetos a investigación por supuestos delitos por el MP.
En ese mismo sentido se pronunció el exdirectivo de la ACP y exmagistrado de la Corte Eloy Alfaro, quien apuntó que el empresario, por ser miembro directivo del Canal, debe ser investigado por el MP.
Este medio llamó a Alfredo Ramírez, también exdirectivo de la ACP, pero indicó que no ha analizado esta polémica y por lo tanto no puede dar una opinión al respecto.
Por su lado, Roberto Moreno, abogado de Corcione Pérez Balladares, manifestó que no opinaría sobre el pedido de la jefa de la Antai, porque desconocía el contenido de la carta que envió al ministro de Asuntos del Canal.