El del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis) es uno de los escándalos de corrupción que marcan la bandera de la impunidad en Panamá.
Pese a que hubo denuncias de sobornos, poco fue lo que se conoció del caso.
Una de las caras de ese escándalo fue la del diputado Carlos Afú, quien el 16 de enero de 2002, agitando fajos de billetes, confesó haber recibido $6 mil de adelanto, junto a otros colegas y copartidarios, para aprobar el Cemis.
En medio de la denuncia de Afú, la entonces legisladora Balbina Herrera dijo que se pagaron coimas por la ratificación en la Asamblea de los magistrados Winston Spadafora y Alberto Cigarruista. Al día siguiente, el Ministerio Público (MP) abrió una investigación por ambas denuncias.
El 31 de diciembre de 2002, el MP envió la vista fiscal del caso Cemis a la Corte y pidió enjuiciar a Afú y a los ejecutivos del Cemis Martín Rodín y Stephen Jones.
El 17 de septiembre de 2003, la Corte cerró el caso Cemis y el del supuesto pago para la ratificación de los magistrados.
En diciembre de 2009, tras una petición de la entonces procuradora, Ana Matilde Gómez, fue reabierto el caso Cemis.
Al final, la Corte anuló la investigación seguida al expresidente Martín Torrijos –quien fungía como secretario general del Partido Revolucionario Democrático cuando estalló el escándalo y fue mencionado como supuesto responsable–. Mientras, otros imputados aún buscan la prescripción en la justicia ordinaria.
El Cemis, creado mediante la Ley 123 de 2001, fue un proyecto del grupo San Lorenzo, que tenía previsto invertir unos $400 millones para desarrollar un proyecto multimodal en Colón.