El pleno de la Corte Suprema de Justicia devolvió a la Procuraduría de la Nación la denuncia por delitos contra la administración pública que interpuso el abogado Ernesto Cedeño tras la compra que hizo en 2012 la Junta Comunal de El Chorrillo de 30 mil jamones por $675 mil dólares.
La Procuraduría había enviado esta denuncia a la Corte el 15 de enero de 2013, debido a que se mencionaba al diputado Sergio Gálvez en la gestión de compra de los jamones, efectuada en diciembre de 2012.
El fallo, fechado el 29 de agosto pasado, con ponencia del magistrado Harley Mitchell, explica que en la denuncia no se señala como responsable a ningún diputado, por lo que corresponde a la Procuraduría General de la Nación realizar las investigaciones.
En caso de que resulte vinculado algún diputado, lo actuado debe remitirse a la Corte, detalla la sentencia.
Los magistrados Harry Díaz y Alejandro Moncada Luna salvaron sus votos, pues, de acuerdo con sus criterios, la denuncia debió ser rechazada, ya que Cedeño aportó copias simples del pliego de cargos de la licitación de los jamones y esos documentos no constituyen prueba idónea.
El abogado Cedeño presentó la denuncia el 26 de diciembre de 2012.
Por estos mismos hechos, el pleno de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Moncada Luna, dictó un fallo el 22 de enero de 2013, con el que rechazó dos querellas presentadas contra el diputado Gálvez por el Movimiento 2000 de Arraiján.
Estas querellas, por la supuesta comisión de los delitos de peculado y contra la honradez del sufragio, fueron presentadas el 18 y 29 de diciembre de 2012.