La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia concluyó que los procesos por posible manejo irregular de fondos públicos asignados a las juntas comunales entre 2009 y 2014 se tramitarán de forma separada.
Bajo la ponencia del magistrado Harry Díaz, la Sala Penal -integrada, además, por Jerónimo Mejía y José Ayú Prado- resolvió un conflicto de competencia entre el Juzgado Quinto Penal y el Juzgado Liquidador de Chiriquí, que tramitaba un caso de posible peculado en la Junta Comunal de El Puerto en Remedios. Este último pedía que se acumularan los expedientes en el Juzgado Quinto.
Por su lado, el juez quinto, Enrique Paniza, había sustentado que no se debían acumular los expedientes por considerar que se encontraban en etapas distintas, por lo que solicitó a la Sala Penal resolver el conflicto.
Esto mantenía paralizadas las pesquisas, iniciadas en junio de 2014, en las que se investiga la supuesta comisión de los delitos contra la administración pública.
En el fallo del pasado 19 de abril de 2018, los magistrados le dieron la razón a Paniza en el sentido de que no era viable acumular los casos, porque se encontraban en etapas procesales distintas.
El 10 de mayo de 2017, el Juzgado Quinto pidió un sobreseimiento provisional, en espera de las auditorías de la Contraloría sobre el manejo de los recursos asignados a las juntas comunales.
Mientras que el Juzgado Liquidador, a cargo de la jueza Elzebir Troya, no había tomado ninguna decisión en espera de la acumulación.
El pasado 27 de febrero de 2018 la Contraloría entregó al Ministerio Público 187 auditorías efectuadas a juntas comunales del país.
El 12 de marzo de 2018, el Ministerio Público pidió la reapertura del caso al Juzgado Quinto Penal, tras recibir los informes de auditoría.
A Paniza le corresponde investigar a 123 juntas comunales, donde se habrían manejado de forma irregular unos $240 millones.