El pasado 13 de junio se cumplieron 3 años desde que el Ministerio Público inició una investigación por la supuesta comisión de peculado en perjuicio de 153 juntas comunales, por el uso irregular de $240 millones.
El caso, que en su momento estuvo a cargo de la Fiscalía Primera Anticorrupción, podría quedar impune. Un fallo del Segundo Tribunal de Justicia de mayo pasado confirmó el sobreseimiento provisional de las sumarias seguidas por este caso. La razón: falta el informe de auditoría de la Contraloría General de la República. No es el único caso. De acuerdo con el Ministerio Público, hay 72 procesos relacionados con corrupción que están en esa situación.
Mientras se espera, fallos de distintos juzgados han ordenado el archivo temporal de las pesquisas relacionadas con supuesta corrupción por falta de las auditorías de la Contraloría. En esa lista se encuentra, por ejemplo, el proceso seguido por la compra con presunto sobrecosto de un mapa cartográfico en $22 millones a la firma Telezpacio. A ello se une la investigación que busca determinar si en el contrato entre la Autoridad Marítima de Panamá y Pele System, para el servicio de inspección a los barcos por $21.6 millones, hubo sobreprecio. También se añade la investigación por supuesta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio del Ministerio de Seguridad Pública por la adquisición de 6 helicópteros por $98 millones a Augusta Westland.
Aunque aún no ha llegado al Órgano Judicial, tampoco tiene auditoría el caso que sigue la Fiscalía Anticorrupción de Descarga por supuestos sobrecostos de $63 millones en los trabajos de ampliación y rehabilitación de la autopista Arraiján- La Chorrera.
Excontralores de la República y representantes de la sociedad civil argumentan que la falta de estos informes ocasiona un daño en los procesos penales. Así lo plantea el excontralor Alvin Weeden, quien aseguró que la Contraloría tiene el deber de generar auditorías que sirvan de base a los procesos penales, especialmente en los de orden patrimonial. “Es importante que el contralor [Federico Humbert] revise exhaustivamente lo que está pasando, ya que es su deber legal constitucional entregarle al Ministerio Público estas auditorías”, añadió.
El también excontralor José Chen Barría dijo que pese a que no emitirá una opinión sobre la labor de Humbert, lamenta el hecho de que se caigan casos por falta de auditorías, ya que los procesos de corrupción “deben tener prioridad”.
Rubén Castillo, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, sugirió que el Ministerio Público y la Contraloría tengan reuniones interinstitucionales para que sus visiones estén alineadas. “He escuchado a la procuradora [Kenia Porcell] decir que la velocidad con la que trabaja el Ministerio Público y la Contraloría no es la misma (…). Se debe plantear una hoja de ruta para realizar las investigaciones, y que haya celeridad, porque la sociedad se frustra de que los casos demoren y, en especial, los de corrupción (...) ”, agregó.
Por su lado, el excontralor Carlos Vallarino manifestó que la Contraloría está desarrollando una labor extensa. “Jamás en la historia del país ha habido una cantidad de irregularidades tan grandes, cuantiosas y complicadas. Esto causa una congestión y ninguna institución está preparada para esto”, argumentó.
Este medio llamó y le remitió mensaje de texto al contralor Humbert. Además, llamó tres veces a la directora de Comunicaciones, Vilma Figueroa, y le envió mensaje de texto para conocer su versión del tema. Al cierre de esta edición, ninguno de los dos funcionarios había respondido.
Sobre la Contraloría y los peculados
OPINIÓN. El peculado es un delito vinculado al manejo de los bienes públicos. Si ese manejo ocasiona una lesión patrimonial; es decir, una pérdida de recursos del Estado, se presenta como una figura agravada del peculado. En Panamá, la forma típica de demostrar la lesión patrimonial es por medio de una auditoría de la Contraloría General de la República. Aunque existan indicios del peculado, e incluso otras pruebas, testimonios, peritajes o el rastro documental del dinero, la auditoría es la prueba más fuerte por mandato constitucional de las lesiones patrimoniales. Aunque puede haber peculado sin lesión patrimonial, el daño del patrimonio requiere la acción de la Contraloría.
La ausencia de auditorías genera un problema adicional y es que sin estas la Fiscalía General de Cuentas no puede actuar para recuperar el dinero perdido. Ese es el costo más grande de la ausencia de auditorías, lo que arriesga no solo la justicia y los casos de corrupción, sino que consolida el saqueo del tesoro público.