Feliciano Jiménez, viceministro de Asuntos Indígenas, calificó como “ilegal y una total violación a los derechos humanos” el castigo en el cepo al que fue sometido ayer Demecio Cases, presidente del Congreso Tradicional de la comarca Ngäbe Buglé.
El cepo consiste en un instrumento de tortura, en el que se le amarran los pies y los brazos al castigado. El mecanismo se va apretando poco a poco para producir un dolor agudo o la fractura de las extremidades.
Según el viceministro, Cases fue castigado “por integrantes de la comunidad y algunas autoridades tradicionales” por haber firmado un contrato –a mediados del año pasado–, en el cual le otorgó a un consorcio chino amplios poderes para desarrollar proyectos de toda índole en las tierras de la mayor reserva indígena nacional.
Sin embargo, Jiménez explicó que dicho documento fue anulado el pasado 7 de marzo. Precisó, además, que Panamá ha suscrito una serie de convenios sobre derechos humanos que prohíben los castigos crueles, como el del cepo.
Jiménez y funcionarios del Ministerio de Gobierno viajarán hoy a la comarca, con el propósito de mediar en esta situación.
Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de Jóvenes de la Comarca Ngäbe Buglé, Ricardo Miranda, explicó que este tipo de castigos sienta un precedente para que los líderes “no incurran en errores y no sigan promoviendo proyectos que el pueblo rechaza”.
“El castigo a Cases fue un proceso rápido, no le llevó mucho tiempo y más que violencia física es un proceso moral (…) no avalamos ningún acuerdo minero o hidroeléctrico que ponga en riesgo los recursos y la autonomía de este pueblo, que está protegido mediante ley”, dijo.
Según Miranda, siguiendo la línea de “hacer justicia”, la cacica de la comarca, Silvia Carrera; el alcalde Jeremías Atencio y todos los que firmaron este tipo de acuerdos deben ser llevados al cepo.