En los dos meses y medio desde que Marcos Castillero asumió como presidente de la Asamblea Nacional, la seguridad de ese órgano del Estado ha sido una prioridad.
Y es que la administración del diputado perredista puso en marcha una estrategia de seguridad que es notable en el Legislativo.
A diferencia de otros periodos, el cuerpo de seguridad, conformado por más de 50 personas, está en cada esquina, puerta o pasillo del Palacio Justo Arosemena.
De hecho, la Asamblea hizo una inversión de, al menos, $43 mil 989 para esta materia, según muestra el portal Panamá Compra.
Estos fondos fueron usados en la compra de bolardos de seguridad, radios troncales portátiles y auriculares, así como en la capacitación de defensa para el personal de seguridad.
En un desglose de los gastos, la Asamblea compró al Grupo Corse, S.A., por 5 mil 885 dólares, 100 bolardos de seguridad, que son usados para señalizar la ruta por la que se ingresa y se abandona el edificio del Legislativo.
Asimismo, firmó un contrato de 10 mil 284 dólares con la empresa C Comunica para el alquiler de radiofrecuencias, mantenimiento y reparación de 58 radios troncales portátiles, y el alquiler de frecuencia de voz digital y análoga para 20 radios portátiles digitales.
Mientras tanto, se contrató a la empresa Tactical Army, por 27 mil 820 dólares, para que dé entrenamiento a 30 agentes de seguridad de la institución en materia de armas, cuchillos, varas de goma y otros implementos.
La estrategia de seguridad es encabezada por Omar Ramos, quien funge como jefe del Departamento de Seguridad del palacio legislativo y quien es un viejo conocido en la Asamblea, vinculado a los perredistas.
Reacciones
Hay quienes consideran que un órgano del Estado debe tener este tipo de seguridad, como la tienen otros parlamentos del mundo.
Otros, en cambio, plantean que los diputados solo buscan que no se les entreviste cuando se trate de temas que los involucra, y sobretodo en momentos en que la ciudadanía les reclama más transparencia.
En los últimos días, grupos de la sociedad civil han protestado en los predios de la Asamblea Nacional, pidiendo un alto a la corrupción y exigiendo transparencia y rendición de cuentas, entre otros aspectos.
Alicia Fasta, del Foro Ciudadano Por Panamá, manifestó que la seguridad es necesaria dentro de los órganos del Estado, pero espera que redoblarla no implique un golpe a la transparencia u obstruir el trabajo de los periodista que cubren las sesiones legislativas.
“Considero que si el diputado realiza un buen trabajo y continúa con los mismos valores que le permitieron representar a los ciudadanos ante la Asamblea, no se deberían contemplar posiciones tan férreas respecto a la seguridad y en oposición a los medios de comunicación, porque estas acciones dan paso a la duda y debilitan la transparencia que tanto nos ha costado construir”, argumentó.
La Prensa llamó al presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, para que hablara sobre las nuevas medidas de seguridad, pero al cierre de esta edición no había respondido. Tampoco contestó el vicepresidente, Tito Rodríguez.
Antecedentes
Antes de que Castillero llegara a la Asamblea, su antecesora, Yanibel Ábrego, diputada reelecta de Cambio Democrático, promovió la construcción de un puente para conectar el nuevo edificio con el pleno legislativo y con ello evitar que los periodistas tuvieran acceso a entrevistas.
En su momento, Ábrego alegó que se trataba de un puente para que cuando lloviera los funcionarios de la Asamblea no se mojaran.
Al final, el proyecto no prosperó debido a los cuestionamientos de distintos sectores.
Mientras tanto, en 2008, el entonces presidente del Legislativo, Pedro Miguel González, hoy secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), fue criticado por invertir, al menos, 100 mil dólares en armas y municiones para reforzar su seguridad personal, la de sus compañeros y la del palacio legislativo Justo Arosemena.
