El chavismo convocó ayer a sus partidarios a marchar en “todos los estados” de Venezuela mañana miércoles, en respuesta a manifestaciones que organizó la oposición para exigir ese mismo día un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
“El miércoles (estaremos) en todos los estados del país en una gran movilización por la paz”, dijo Elías Jaua, dirigente del partido de gobierno, quien reiteró acusaciones contra la oposición de buscar disturbios en la calle para propiciar un golpe de estado contra Maduro.
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) “ha decidido incrementar y expandir su movilización a favor de la paz”, expresó Jaua en rueda de prensa.
El portavoz oficialista agregó que la “movilización popular” es “el mejor antídoto contra la violencia, contra los golpes de Estado”.
La oposición ha convocado marchas el miércoles en el interior del país para exigir al Poder Electoral, al que acusa de servir al chavismo, que fije fecha y condiciones que regirán la recolección de 4 millones de firmas que necesita (20% del padrón electoral) para que el revocatorio sea convocado.
“Acabamos de hacer una demostración de fuerza muy importante en Caracas (...) Hemos decidido dar relieve al esfuerzo en el interior”, expresó más temprano, también en rueda de prensa, el secretario ejecutivo de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
El pasado jueves, la oposición realizó una masiva marcha en Caracas, que según la MUD concentró a más de un millón de personas, aunque el Gobierno la minimiza y sostiene que no reunió a más de 30 mil.
La MUD solicita al Consejo Nacional Electoral (CNE) la activación de 40 mil máquinas captahuellas en 14 mil 500 centros de recolección para recoger las rúbricas requeridas para la consulta sobre el mandato presidencial.
La oposición convocó a otra manifestación el 14 de septiembre, para continuar insistiendo ante el órgano electoral, aunque este ha advertido que no se dejará presionar
DETENCIONES
Autoridades de inteligencia de Venezuela pidieron apoyo a Colombia para detener a dos opositores requeridos por su presunta participación en planes desestabilizadores contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, mayor general Gustavo González López, formuló la solicitud ayer al vecino país. Se trata de los opositores venezolanos Lester Toledo y Yorman Barillas, quienes —según las autoridades— estarían en el departamento colombiano de la Guajira.
Toledo pertenece al partido Voluntad Popular que dirige el líder encarcelado Leopoldo López, y Barillas es integrante de la organización Un Nuevo Tiempo.
El jefe de la policía política señaló al expresidente colombiano Álvaro Uribe y altos dirigentes opositores de la Asamblea Nacional de encabezar el “financiamiento” de las acciones violentas en Venezuela, aunque no ofreció detalles ni pruebas.
Toledo difundió la semana pasada un video a través de su cuenta de Twitter en el que señaló que se encontraba escondido en un lugar seguro para preparar su defensa.
“A mí no me van a quebrar en mi moral y mi espíritu de lucha”, dijo el opositor al denunciar que su vivienda fue allanada por funcionarios policiales.
Barillas es requerido desde finales de 2015 por las autoridades a raíz de la muerte de un estudiante oficialista.
La semana pasada fueron arrestados los integrantes de Voluntad Popular, Yon Goicoechea y Delson Guarate, alcalde del municipio central Mario Briceño Irragori del estado Aragua.
También fue detenido el miembro del partido Avanzada Progresista, Carlos Melo.
Goicoechea y Melo fueron acusados de tener en su poder material para explosivos.
Las autoridades señalaron que gracias a las acciones de los cuerpos de seguridad lograron evitar un presunto golpe de Estado previsto para el 1 de septiembre durante la movilización que convocó la oposición en la capital venezolana.
Durante la llamada “Toma de Caracas” fueron detenidas 72 personas, en su mayoría jóvenes, de los cuales aún permanecen dos bajo arresto, según registros del Foro Penal Venezolano, una organización no gubernamental.
En los casi tres años y medio de mandato del presidente Maduro se han denunciado numerosos planes violentos y complots que han sido desestimados por la oposición, que argumenta que el Gobierno utiliza esas acusaciones para distraer la atención de la severa crisis económica que enfrenta Venezuela.