La Defensoría de la Niñez de Chile informó ayer de 327 denuncias recibidas por violaciones a los derechos humanos de niños y adolescentes, infringidas por agentes del Estado, en medio de la crisis social que afecta al país desde hace más de un mes.
Con 22 muertos y miles de heridos –más de 200 de ellos con lesiones oculares graves y ceguera– en la mayor revuelta que haya vivido el país desde el retorno a la democracia (1990), en los últimos días se sumaron varios informes nacionales e internacionales que alertan sobre la violación de derechos humanos por parte de agentes del Estado.
Patricia Muñoz, jefa de la defensoría, reprochó la actuación de la Policía y alertó que “hay muchos niños heridos en contexto de cotidianidad, como haber salido a comprar el pan con su mamá (...) Estamos hablando de niños que ni siquiera estaban participando de manifestaciones, lo que hace aún más grave el comportamiento policial”.
La defensora consideró inadmisible la acción policial y señaló que emprenderá acciones judiciales en casos en los que aún no se haya hecho por otro organismo.
En esa línea, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) presentó hasta ahora 384 acciones judiciales por abusos cometidos por las fuerzas de seguridad contra manifestantes.
El martes, la policía chilena suspendió el uso de perdigones como herramientas antidisturbios, en medio de fuertes cuestionamientos sobre esa arma no letal que provocó la mayoría de las graves lesiones oculares.
