El presidente de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Roberto Roy, envió a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) un informe de las asistencias de Nicolás Corcione y Henri Mizrachi, investigados en el caso New Business.
Corcione y Mizrachi tienen casi siete y nueve meses, respectivamente, de no acudir a las reuniones de la junta directiva de la ACP. Durante el año 2017, el primero asistió 20 veces a las citas y el segundo 22, de acuerdo con el informe.
LA ANTAI PIDE MÁS INFORMACIÓN A LA ACP
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) quedó inconforme con la respuesta que le dio la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) sobre la inasistencia de los directivos Nicolás Corcione y Henri Mizrachi a las reuniones de ese organismo.
En una carta enviada el pasado 2 de marzo a Angélica Maytín, directora de la Antai, el presidente de la directiva de la ACP, Roberto Roy, remitió la lista de asistencia de ambos directivos desde 2015 hasta 2017.
Sin embargo, Maytín le había pedido la lista de inasistencias tanto de Corcione como de Mizrachi, quienes, según ella, han dejado de cumplir sus funciones en esa junta en medio de la investigación que les sigue la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, por la posible comisión del delito de blanqueo de capitales, como parte del caso New Business.
De acuerdo con la carta, a la que tuvo acceso este diario, Corcione y Mizrachi tienen casi siete y nueve meses, respectivamente, de no acudir a reuniones. La Antai remitió ayer otra carta a Roy, en la que le insistió que envíe un informe de las inasistencias.
OTRA RESPUESTA
De igual forma, Roy respondió a Maytín sobre Lourdes Castillo, también integrante de la directiva de la ACP, a quien la Antai investiga administrativamente por sus vínculos con Pele System, Inc., sociedad que en el gobierno pasado obtuvo un contrato de $22.1 millones con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para inspeccionar los barcos de la marina mercante.
El pasado 6 de febrero la Antai le solicitó a Roy instruir el procedimiento administrativo correspondiente, con la finalidad de verificar estos hechos.
Roy alegó que no cuentan con facultades de instrucción o investigación penal para esa tarea. Se apegó a la Constitución, a la ley orgánica y al reglamento de la ACP.
En vista de esta respuesta, Maytín le envió otra misiva a Roy, en la que le recordó que la Constitución y la ley le atribuyen a la junta directiva de la ACP conocer los posibles conflictos de intereses que surjan entre la entidad y sus miembros, “tal como se presume ocurre en la presente causa, interpretado en un sentido administrativo y no penal”.
Maytín también le recordó que el reglamento interno del fiscalizador general de la ACP le confiere a este la facultad de llevar a cabo investigaciones y auditorías solicitadas por la junta directiva.
La Antai le indicó ayer a La Prensa que esperará la respuesta de la junta directiva de la ACP a estas nuevas notas, para posteriormente evaluar el siguiente paso en el proceso.