De manera “irrevocable”, la empresa Sky Parking, S.A., ligada al círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli, dio por terminado su contrato para la administración y operación de los estacionamientos del aeropuerto de Tocumen.
De ahora en adelante, informó la Secretaría de Comunicación del Estado, todos los fondos de esta actividad pasarán a Tocumen, S.A. “En lugar de los $500 mil en ingresos anuales que recibía el Estado por la concesión de los aparcaderos, ahora recaudará aproximadamente $3 millones”.
La noticia surge cuatro días después de que el presidente Juan Carlos Varela, en un acto público en San Miguelito, les hiciera un llamado a las compañías que tienen contratos lesivos con el Estado para que desistieran de estos.
“Si no son revocados y no desisten de estas contrataciones por la vía correcta, tocará proceder a investigar estos contratos y conocer quiénes son sus beneficiarios”, aseguró el mandatario al explicar que en el caso del aeropuerto el cobro de los estacionamientos lo gestionaba una empresa privada que, a su juicio, ha causado una lesión al Estado de más de $2 millones “por debajo de lo que se recaudaba antes”.
Detrás de Sky Parking, S.A. inicialmente llamada Republic Parking Tocumen, figuran el empresario Gabriel Gaby Btesh; el abogado Francisco Pérez Ferreira, implicados en la titulación de un terreno en Paitilla, y Francisco Frankie Martinelli, primo del expresidente Ricardo Martinelli.
En 2011, el entonces gerente general de Tocumen, S.A., Juan Carlos Pino, le concedió a Republic Parking Tocumen un contrato directo por invitación para explotar ese negocio en el principal aeropuerto del país por 20 años.
En la carta que Sky Parking, S.A. envió a Joseph Fidanque III, designado gerente general de Tocumen, S.A., comunica que renuncian a “cualquier tipo de reclamación judicial o extrajudicial”.
La nota está firmada por Dionisia Gutiérrez, empleada de Pérez Ferreira.
Mientras que el excontralor Carlos Vallarino aseguró que la Contraloría General de la República, a cargo de Gioconda Torres de Bianchino, debió iniciar una investigación de oficio para verificar el aspecto económico de ese contrato. “Allí había un contrato mal habido, mal manejado. Una persona sensata hubiera abierto inmediatamente una investigación con las palabras del Presidente”, agregó.