Un juez argentino citó a declarar a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, por supuestas irregularidades en la compra de un edificio para el organismo, informó ayer una fuente judicial. La fiscal general atribuye la causa a una persecución del gobierno de Mauricio Macri, que ha pedido públicamente su renuncia.
El magistrado aceptó la petición de un fiscal para investigar la compra de un inmueble para la Procuración por casi 44 millones de pesos ($2.58 millones de dólares) realizada en 2015.
El caso se originó en una denuncia anónima y el funcionario que supuestamente se benefició de una comisión millonaria fue suspendido de su cargo en abril pasado.
La fiscal general argentina, que fue designada en 2012 con la aprobación del Senado, dijo que no renunciará y negó ser militante, activista o simpatizante de un partido político.
Gils Carbó ha comparado su caso con el de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien enfrenta un proceso del Tribunal Supremo de Justicia en su país para removerla del cargo.