En febrero de 2000, el Gobierno Nacional anunció que se encontraba estudiando una propuesta de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) para construir la llamada Ciudad Gubernamental, en la que se concentrarían todas las oficinas de los ministerios dispersas por diferentes áreas de la capital.
Se había previsto que esta se ubicaría en las áreas revertidas, pero entonces no se tenía un lugar exacto para su emplazamiento, ni cuál sería el costo del proyecto.
En 1997, el exsubcontralor Gustavo Pérez había señalado que el Estado gastaba entonces unos 16 millones de dólares anualmente en arrendamiento de locales que albergan a las diferentes instituciones gubernamentales.
Cada año aumentaba el gasto del Gobierno en alquileres, ya que los arrendamientos eran cada vez más costosos.
Pronto, el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso empezaría a barajar dos alternativas: Clayton y Howard.
Luego de una licitación convocada por el Ministerio de Vivienda (MIVI), se firmó un contrato con el consorcio FG Guardia y Asociados, Clement y Medina Arquitectos, S.A., para efectuar un estudio –a un costo de 400 mil dólares– para hacer realidad el proyecto.
En 2001, la posible ubicación del proyecto en los pajonales de Clayton y el antiguo campo de antenas generó protestas por parte de grupos de la sociedad civil organizada.
El área, que al parecer invadía terrenos del Parque Nacional Camino de Cruces, “se trata de una importante área silvestre protegida que contribuye a la conservación de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá”, señalaban los grupos ambientalistas en una misiva dirigida a la mandataria.
En agosto de ese año, el consorcio recomendó la zona de Albrook como el sitio apropiado para ubicar la Ciudad Gubernamental.
Para enero de 2002, ya se tenían listos los estudios del proyecto.
Sin embargo, después de 2003 no fue mucho lo que se avanzó
En 2005, el Ministerio de Economía y Finanzas realizó un diagnóstico de alquileres de oficinas públicas, según el cual en el área metropolitana de Panamá se pagaban 8.7 millones de dólares en concepto de alquileres de oficinas para el Estado. Solo en Plaza Edison, donde funcionan cuatro ministerios, se pagaban 2.6 millones de dólares.
Una década después, el proyecto, que había caído casi en el olvido, revivió, esta vez en la administración de Ricardo Martinelli.
Fue en agosto de 2009 cuando el mandatario volvió a mencionarlo.
Sin embargo, siguió dando vueltas en la agenda gubernamental sin concretarse.
En el año 2013, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Frank De Lima, dijo que el proyecto se licitaría “antes de finalizar” el mandato de Martinelli.
El monto de las obras ascendía entonces a 450 millones de dólares.
Tras el cambio de gobierno en 2014, con Juan Carlos Varela ya en la Presidencia, el nuevo titular del MEF, Dulcidio De La Guardia, declaró en noviembre de ese año que en 2015 se tomaría una decisión definitiva sobre el destino de la Ciudad Gubernamental.
Solamente ese año, el gasto en alquileres para oficinas gubernamentales se había presupuestado en 68.2 millones de dólares.
En julio de ese mismo año, De La Guardia canceló la licitación que había lanzado el anterior ministro del MEF, Frank De Lima,
Desde entonces, no se ha vuelto a saber más sobre el proyecto.