“Cárcel para los corruptos”, se leía en un cartel que un grupo de panameños cargaba ayer en una marcha para pedir alto a la impunidad.
La movilización ciudadana partió desde la iglesia del Carmen, en la vía España, hasta la sede de la Procuraduría de la Nación. Con banderas, pancartas, pañuelos, gritos y consignas pedían un alto a la impunidad en los casos de corrupción que han salido a la luz pública en los últimos meses. Sobre todo, exigían que el caso Odebrecht se investigue con transparencia.
La marcha también congregó a representantes de agrupaciones civiles, como Magaly Castillo y Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana pro Justicia. También se encontraba el catedrático y abogado Miguel Antonio Bernal; el exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado; el presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez; y el político Olimpo Sáez, entre otros.
“Esperamos que el Ministerio Público sea contundente en las investigaciones. Estamos manifestándonos en las calles, porque el pueblo se siente insatisfecho sobre cómo se maneja el tema de la corrupción”, aseguró Carlos Lee, quien además cuestionó a la Contraloría por no haber “mostrado interés” en auditar millonarias obras construidas durante la administración pasada.
“Ante la lentitud de las autoridades del Estado, particularmente el Ministerio Público, para determinar responsabilidad e iniciar acciones a quienes hayan atentado contra los bienes del pueblo panameño, se impone la decidida participación ciudadana”, destaca un comunicado que fue distribuido en la actividad.
Los participantes coincidieron en que “no hay clara voluntad de perseguir la corrupción, que alcanza o puede alcanzar a funcionarios actuales de los tres órganos del Estado”. También criticaron el papel de la Fiscalía Electoral. “Que devuelvan lo coimeado”, gritaban.
Aproximadamente a las 6:30 p.m. llegaron al Ministerio Público, donde finalizaron la jornada con el juramento a la bandera nacional y el canto del himno nacional.
En enero pasado, el Ministerio Público ordenó la indagatoria de 17 personas, a quienes formuló cargos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, como parte de las investigaciones por los $59 millones provenientes de cuentas en bancos suizos, cuyos beneficiarios eran sociedades controladas por la constructora brasileña Odebrecht.