A la gran mayoría de los ciudadanos le preocupa o está en desacuerdo con el uso de armas de fuego, principalmente, por funcionarios de los estamentos de seguridad, cuando se llevan a cabo manifestaciones públicas en el país, revela la más reciente encuesta hecha por la firma Quantix Panamá, S.A. para este diario.
La investigación, realizada entre el 11 y el 13 de octubre pasado en las nueve provincias y las tres comarcas indígenas, destaca que el 91.1% de los encuestados mostró su preocupación por la utilización de armas de fuego por la Policía en las protestas.
El 8% de los entrevistados expresó que esta situación no era preocupante o reflejaba peligro alguno. En tanto, el 0.9% no respondió.
En este sondeo participaron mil 213 personas y reflejó un margen de error de 3.92 puntos porcentuales.
La Ley No. 18 del 3 de junio de 1997 de la Policía Nacional (PN), en su sección cuarta, referente a Política Institucional en el uso de la fuerza, señala en el artículo 35: “Los Policías no harán exhibición innecesaria de sus armas, evitarán sacarlas de sus fundas sin motivo y deberán manejarlas con cuidado y buen juicio”.
A pesar de esta norma, varios son los casos de uniformados que se han visto implicados o son investigados por utilizar su arma de fuego en protestas.
Tan solo el 28 de septiembre pasado, un funcionario del grupo motorizado Linces de la Policía Nacional fue retratado cuando desenfundó su arma de reglamento durante protestas estudiantiles en la escuela de Artes y Oficios Melchor Lasso De la Vega.
El mayor de la Policía Rodolfo Jiménez también fue fotografiado, el 5 de febrero pasado, cuando desenfundaba una pistola 9 milímetros en pleno operativo de despeje de la carretera Interamericana, en San Félix, Chiriquí, durante enfrentamientos con indígenas.
En las protestas públicas que se reportaron el 19 de octubre de 2012 entre la Policía Nacional y manifestantes que rechazaban la vigencia de la Ley 72, que permitía la venta de tierras en la Zona Libre de Colón y que dejaron un saldo de 3 muertos y más de 300 heridos, se responsabilizó a los funcionarios policiales de ser los autores de estos decesos; sin embargo, el Ministerio Público consideró lo contrario.
Otras enfrentamientos en los que se acusó a la Policía de desenfundar armas de fuego ocurrieron en febrero de 2011 en Chiriquí y Veraguas, donde hubo un saldo de 21 heridos y 14 detenidos.
Además, en los sucesos de 2010 en Changuinola, Bocas del Toro, que dejaron 716 heridos, 2 muertos y 213 detenidos. Ningún policía ha sido llevado a juicio por estos casos.