Defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil pidieron ayer a un tribunal de justicia salvadoreño que se investigue el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero y se procese a los autores materiales e intelectuales.
Los abogados de la oficina de Tutela Legal Doctora María Julia Hernández y de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) incorporaron a la petición los informes de las investigaciones del caso desarrolladas por la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, así como el informe y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“En todos estos informes se menciona a las personas que formaban el círculo de este escuadrón de la muerte, que actuó en el asesinato de monseñor Romero, que es ya de todos conocidos, pero es necesario verificar judicialmente esta verdad”, manifestó el abogado de Tutela Legal, Alejandro Díaz.
La Iglesia católica de El Salvador acudió a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que condenó al Estado salvadoreño por el crimen, y ordenó que se reabriera la causa judicial y se aplicaran acciones reparadoras.
En marzo de 2010, el entonces presidente Mauricio Funes (2009-2014) reconoció la responsabilidad histórica del Estado en el asesinato de monseñor Romero, que aseguró “fue víctima de la violencia ilegal que perpetró un escuadrón de la muerte”, y pidió perdón por el magnicidio. Sin embargo, los responsables materiales del crimen no fueron procesados debido a una amnistía promulgada por el gobierno de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) en 1993.
El director de Tutela Legal, Ovidio Mauricio, afirmó que ahora los tribunales de justicia no tienen ningún pretexto para investigar el crimen, luego de que la Corte Suprema del país derogara la Ley de Amnistía General de 1993, que impidió que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra fueran investigados.
“Anulada la Ley de Amnistía el caso queda abierto”, sentenció Mauricio.
Romero —“La Voz de los sin voz”, como le llamaron por abogar por los más pobres e indefensos durante la represión impulsada por los militares en los años 70_, fue asesinado por un francotirador mientras oficiaba misa en la capilla la Divina Providencia el 24 de marzo de 1980, un día después de pedir a los militares en una homilía: “En nombre de Dios y de este sufrido pueblo les ruego, les suplico, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión”.
Fue beatificado el 23 de mayo de 2015 por la Iglesia católica en San Salvador y elevado a la categoría de beato y mártir.
Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, creada poco después de los acuerdos de paz, determinó que el autor intelectual del crimen fue el ya fallecido mayor Roberto d'Aubuisson, fundador del partido derechista Arena, que gobernó el país durante 20 años (1989-2004).