La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó ayer cerca de $63.2 millones en traslados de partidas a ocho instituciones del Estado.
Entre ellos, destacan dos traslados de partidas por $850 mil al Órgano Judicial. Uno por $400 mil para el pago de servicios eléctricos y el otro por $450 mil para cancelar deudas de combustible y para ponerse al día con el pago de alquileres.
También se avalaron $18.4 millones al Ministerio de Gobierno (Mingob), de los cuales $2 millones se usarán, entre otras cosas, para el estudio de impacto ambiental y permiso de movimiento de tierra para construir el nuevo centro penitenciario en la provincia de Colón, que debe estar listo en 2021.
El ministro de esta cartera, Carlos Rubio, explicó que el actual centro Nueva Esperanza de Colón no reúne las características de seguridad ni tampoco cumple con los estándares internacionales para rehabilitar a los privados de libertad que se encuentran en ese centro. Mientras que $4 millones se utilizarán para el pago de las comidas que se le entregan a los custodios, indicó Rubio.
Como parte de la sustentación de traslados del Mingob, el presidente de la junta directiva de la empresa Mi Bus, Carlos Sánchez, solicitó $12 millones para el pago de combustible, pago de peaje y lavado de los buses. Además del pago de planilla.
Otra institución a la que se le aprobaron traslados de partidas fue al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) por $11 millones. Con esos fondos cancelarán deudas a los beneficiarios de la beca universal. Los inconvenientes que retrasaron los pagos de la beca universal se debieron a “errores en el sistema”, explicó Delia Arosemena, directora encargada del Ifarhu.
La Procuraduría General de la Nación, a través del secretario general, Rolando Rodríguez, solicitó $450 mil para la construcción de la unidad judicial en la provincia de Coclé. Esos fondos también fueron avalados.