Autoridades de salud conformaron una comisión que se encargará de analizar y estudiar los casos de personas que posiblemente consumieron medicinas contaminadas con dietilenglicol y que tendrían derecho a la pensión de 600 dólares.
La comisión fue creada a través de la Ley 12 de abril de 2015, relacionada con la intoxicación masiva con dietilenglicol. Y es que ahora mismo hay docenas de denuncias de posibles afectados, que no han sido confirmadas por las autoridades.
En el grupo hay funcionarios del Ministerio de Salud, de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Economía y Finanzas.
Daniel José Sarmiento, vicepresidente del Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud, sostuvo que hay 500 expedientes de personas que presentaron denuncias tras el envenenamiento en 2006, y todavía no son evaluados.
“Esta comisión es una demanda de nosotros de hace años, debido a que hay personas envenenadas y no reciben ayuda”, acotó.