Escuchar testimonios, realizar exhumaciones, revisar listas de desaparecidos e incluso, pedir a Estados Unidos (EU) desclasificar archivos para determinar el número y la identidad de las víctimas durante la invasión militar a Panamá, es parte de la tarea que le corresponde a la Comisión “20 de diciembre de 1989”, que fue instalada ayer por la vicepresidenta y canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado.
Los encargados de dirigir ad honorem dicha comisión, para presentar en dos años un informe final sobre los resultados de las investigaciones, serán Juan Planells, actual rector de la Universidad Santa María la Antigua; Enrique Illueca, abogado y docente de Derecho Internacional; Maribel Jaén, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz; Svetlana Jaramillo, consultora jurídica, y Rolando Murgas Torrazza, abogado y docente de la Universidad de Panamá.
“... Nos han encomendado la misión de ponerle rostro a esas víctimas, de encontrar dónde reposan en el olvido y envueltos en la bandera panameña como mortaja, rendirles el homenaje que merecen, y depositarlos en el lugar digno que la patria les prepara para que entonces así descansen en la paz eterna”, expresó Planells.
La creación de una comisión que señale nombres y cuantifique las víctimas, producto de la invasión militar de EU a Panamá, ha sido desde hace 26 años un clamor de familiares, víctimas y agrupaciones de derechos humanos.
En ese sentido, Trinidad Ayola, quien perdió a su esposo durante esa operación militar que se denominó“Causa justa”, dijo que espera que la Comisión valore que se apruebe una fecha en memoria de los desaparecidos y fallecidos.
En tanto, la canciller manifestó que “no puede haber reconciliación, si no se conoce la verdad, si no consignamos en blanco y negro la memoria colectiva, y con el trabajo de la Comisión que hoy me complace instalar, Panamá busca sanar las heridas y procurar la reconciliación nacional”.
La Comisión presentará a finales de este año los primeros avances de sus investigaciones, y deberá estudiar también la propuesta para que se declare el 20 de diciembre como día de duelo nacional.
Además, analizarán la posible instalación de un “monumento conmemorativo a las víctimas y un “Museo de la Memoria”.
Para ello, tendrá la potestad de contratar personal, mediante un presupuesto que le asignará el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Es decir, podrá apoyarse en abogados, sociólogos, psicólogos, historiadores, expertos en medicina legal y antropólogos, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 121 firmado, el martes pasado, por el presidente Juan Carlos Varela.
También tendrá a su disposición, para sus tareas de investigación, la colaboración de la Procuraduría de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre otras instituciones.
El informe final de la Comisión reposará en los Archivos Nacionales, la Universidad de Panamá y en la Biblioteca Nacional, según dispone el decreto ejecutivo.
