La comisión legislativa a la que la Asamblea Nacional encargó investigar las contrataciones de obras públicas, realizadas durante los tres últimos periodos presidenciales, limitará su investigación a obras específicas.
La razón: la gran cantidad de proyectos ejecutados a lo largo de estos periodos y al plazo limitado de 90 días para rendir un informe.
El vicepresidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente de esta comisión investigadora, el diputado Luis Eduardo Quirós, del Partido Panameñista, manifestó que como “el ámbito de acción de la comisión es bastante amplio”, es muy probable que además de los 90 días iniciales, pidan una prórroga de 90 días más.
Explicó que han enviado solicitudes por escrito a diferentes instituciones, que a su vez están haciendo entregas de informes, contratos y documentación. Agregó que funcionarios de estas entidades han sido entrevistados por la comisión.
Informó que hasta el momento han comparecido: Miguel Mayo, ministro de Salud; Ramón Arosemena, ministro de Obras Públicas; Álvaro Alemán, ministro de la Presidencia; Roberto Roy, secretario ejecutivo del Metro de Panamá; el alcalde del distrito capital, José Isabel Blandón; y la directora del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Julia Guardia.
Todos estos funcionarios, de acuerdo con Quirós, han entregado “una gran cantidad de documentación, la que es revisada y analizada por un equipo de técnicos de la comisión”. Entre ellos, explicó, economistas, ingenieros, financistas y abogados.
No obstante, Quirós expresó que al final, por la gran cantidad de contratos en estos periodos constitucionales, la comisión va a tener que limitar su trabajo a una o a un grupo de obras específicas. “Humanamente, es imposible hacer ese informe”, sustentó.
Detalló que se concentrarían en tomar los temas o proyectos más sensitivos. Puso como ejemplos, las líneas uno y dos del Metro de Panamá, el proyecto de renovación urbana de Curundú y la cinta costera 3.
Estos tres proyectos han sido construidos por Odebrecht. “Cuando se estableció la comisión, al hacerla amplia, abarcamos demasiado y era algo irreal lo que se planteó”, reiteró Quirós.
RESOLUCIÓN
La comisión legislativa investigadora para los casos de corrupción en el ámbito nacional se instaló el 14 de marzo de 2017, luego de ser creada a través de una resolución aprobada en el pleno legislativo. Nació en medio del escándalo surgido por una investigación de este medio que dejó al descubierto que en el Órgano Legislativo, presidido por el perredista Rubén De León, se gestionaron $14 millones en donaciones, que en su mayoría no fueron a parar al beneficiario original.
Dentro de las atribuciones de esta instancia está la de entrevistar a los titulares de las carteras o despachos públicos, cuyas instituciones participaron en la contratación de esas obras en sus respectivos periodos.
Según la resolución, también podrá realizar cualquier diligencia en el territorio nacional o en el exterior, necesaria para el cumplimiento de sus funciones.