El derecho comparado es una disciplina metodológicamente incómoda porque tiene una epistemología muy básica: la de preguntar cómo y por qué se hacen las cosas en otras jurisdicciones.
Tomemos un ejemplo muy de moda: la investigación y enjuiciamiento de diputados. Digamos que a un diputado de Estados Unidos (allá se les llama congresistas) fuera investigado por un delito. ¿Cómo se hace? El congresista republicano Christopher Collins fue detenido esta semana por una investigación por negociar con información privilegiada relativa a una empresa farmacéutica. Collins fue investigado como cualquier hijo de vecino, sin necesidad de pedirle permiso a la Corte Suprema de Justicia, y, por supuesto, por fiscales comunes y corrientes, no por un magistrado de esa Corte convertido en fiscal.
Para “complicar” la investigación de Collins, el político está en campaña para su reelección. Los investigadores no tuvieron que pedirle a ningún Tribunal Electoral que levantara un fuero penal electoral para su investigación y detención.
Por supuesto, el congresista republicano se presume inocente y tiene derecho a un debido proceso. Antes de 24 horas el juez le otorgó una fianza a Collins, porque este congresista no representa un peligro de fuga, ya que entregó su pasaporte y se comprometió a acudir a todas sus diligencias. De ser encontrado culpable por un juez federal con un jurado de ciudadanos comunes y corrientes, Collins puede ser condenado a 115 años de prisión.
En cambio, mañana se cumplen tres años desde que el pleno de la Corte Suprema de Justicia “autorizó” a Harry Díaz para investigar al expresidente Ricardo Martinelli. La audiencia de acusación de Martinelli está suspendida por las vacaciones del magistrado Díaz, mientras su defensa tiene tiempo de leer siete cuadernillos de información íntima de las víctimas de los pinchazos. Al expresidente lo debe juzgar el pleno de la Corte Suprema de Justicia, aunque hay un amparo de garantías constitucionales que pide cambiar la competencia del caso, y otro amparo reclama la existencia de un fuero penal electoral. El propio pleno de la Corte Suprema de Justicia debe decidir estos dos amparos y el barranco de apelaciones e incidentes de la audiencia de acusación.
En los próximos días se cumplen los seis meses del periodo de investigación que tiene la magistrada Ángela Russo en el caso dela niña que habría muerto atropellada por el diputado Mario Lázarus. La magistrada Russo no ha pedido fecha de audiencia, por lo que si se cumplen los seis meses y no hay audiencia, se cae el caso.
El autor es abogado