Pacientes con enfermedades crónicas como hemofilia, cáncer e insuficiencia renal, y afectados por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), tienen zozobras por la suspensión del acto público No. 10-2014 emitido por la Caja de Seguro Social (CSS) el pasado 30 de julio, mediante el cual buscaba comprar 79 fármacos.
La adquisición de estas medicinas, a través de un acto de licitación por $23 millones, fue suspendida tras un proceso contencioso de interpretación prejudicial que se halla en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La directora general encargada de Contrataciones Públicas, Jindriska Barakat, informó el estatus actual de la licitación a través de una misiva publicada en el portal PanamáCompra el pasado 14 de agosto.
La nota señala: “las acciones de reclamo del acto público No. 10-2014, se encuentran en estado de suspensión, ya que de conformidad con la CSJ, la sola presentación del proceso de interpretación judicial conlleva la suspensión del acto”.
Surge esta situación legal porque la CSS adelantó la licitación sin tener en cuenta los procesos establecidos en la Ley No. 22 de 2006, también conocida como Ley de Contrataciones Públicas, y en su reemplazo se basó en la Ley 51 o Ley Orgánica de la entidad.
Incluso la última licitación de la CSS se cumplió en julio pasado pese a existir una resolución de Contrataciones Públicas, en la que se ordenaba suspender el acto.
Los reclamos a la licitación se presentaron en junio y julio por las empresas Inversiones Tagore, S.A., Nutrimed y Pharma Alliance.
Entre los planteamientos expuestos por esas empresas se enuncia que en algunas exigencias contenidas en la licitación se viola el principio de la libre concurrencia, y a la vez se restringe la participación de otros interesados, como es el caso de “que se debe evidenciar o probar que el producto es innovador”.
Ante esta situación legal, la CSS no podrá comprar los fármacos digoxina, fludrocortisona, trimetazidina, abacavir, entre otros. (Ver gráfico).
La adquisición de los medicamentos se ha dilatado por seis meses porque las tres empresas han impugnado los actos públicos alegando el derecho a la libre competencia.
FALTA DE EFICACIA
Alexander Pineda, vocero de la Asociación de Pacientes con Insuficiencia Renal, considera “alarmante que este acto público no se concrete porque muchos pacientes de cáncer, síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) y trasplantados necesitan sus tratamientos”. Agregó que dependen de la compra más de 500 mil asegurados.
“El problema con estas empresas es que los medicamentos no tienen la eficacia comprobada, por lo menos para los productos más sensitivos usados en pacientes de sida y de esquizofrenia”, señaló Pineda.
Sí es importante que las empresas puedan demostrar que las medicinas que distribuyen tienen la eficacia terapéutica comprobada, resaltó el médico y presidente de la Federación de Asociaciones y Fundaciones de pacientes con enfermedades críticas, crónicas y degenerativas, Orlando Quintero.
La efectividad de los productos genéricos debe comprobarse en enfermos, y no en personas sanas, indicó.
Reacciones
Leonidas Pérez, representante judicial de Inversiones Tagore, S.A, Nutrimed y Pharma Alliance, comentó que las empresas cuentan con los requisitos y certificados de intercambiabilidad emitidos por la Dirección de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud.
Representante judicial de las tres empresas distribuidoras de medicamentos, Pérez considera que la CSS las deja por fuera al incluir en la licitación el requisito de tener “certificados de referencia”.
La CSS informó mediante un comunicado que la situación se debe a que “algunos proveedores, anteponiendo sus intereses económicos”, presentaron acciones de reclamos que detienen el proceso.