El Gobierno español informó que otorgó la nacionalidad a seis venezolanos vinculados con la oposición, incluidos dos familiares del dirigente opositor encarcelado Leopoldo López.
La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo ayer que otorgó la nacionalidad a Cristina, hermana de López, y a su esposo, Hernán Cifuentes, así como a uno de los miembros de la junta directiva del diario El Nacional, Luis Carlos Serra Carmona, su esposa y dos hijos.
Sáenz de Santamaría argumentó que los seis eran víctimas de la persecución política que reina en Venezuela y que la nacionalidad española les dará mayores garantías democráticas para afrontar la situación.
España otorgó la nacionalidad a los padres de López en diciembre.
La decisión se produce en momentos en que la oposición desafía un decreto de estado de excepción y emergencia económica, que le otorga poderes especiales al presidente venezolano Nicolás Maduro por un plazo de 60 días. Además, coincide con el retorno a Caracas esta semana del embajador español Antonio Pérez Hernández, quien a comienzos de abril fue retirado para consultas acerca de lo que consideró“insultos intolerables” proferidos por el presidente venezolano Nicolás Maduro contra el jefe de Gobierno español, Mariano Rajoy. Fue la quinta vez que se cita al embajador por motivos similares en los últimos años.
En un discurso, Maduro –que acusa a España de trabajar para socavar su gobierno– calificó a Rajoy de racista, colonialista y corrupto.
El Gobierno venezolano sostiene que España ha prestado “apoyo y soporte” a factores de la derecha local que pretenden el “derrocamiento” del gobierno de Maduro, y que mantiene una “política injerencista” en los asuntos internos de Venezuela, que ha “vulnerado los deberes que le dicta el derecho internacional”.
La sentencia a 13 años y nueve meses de prisión contra López ha desatado numerosas reacciones de organismos internacionales, grupos humanitarios y gobiernos de distintos países, que han abogado por su liberación por considerarlo un preso político. Pero el Gobierno venezolano sostiene que su condena fue apegada a la ley.
López, de 45 años, fue condenado el 10 de septiembre de 2015 a 13 años y nueve meses de prisión, tras ser acusado de promover unas violentas protestas en la capital en febrero de 2014, que dejaron tres muertos y decenas de heridos.