El director del diario venezolano Correo del Caroní, David Natera, fue condenado a cuatro años de prisión por difamación e injuria, hecho relacionado con la publicación en 2013 de reportajes sobre actos de corrupción en la estatal CVG Ferrominera Orinoco.
El juez Beltrán Lira también sancionó al diario con una multa de $31 mil 849.
La Sociedad Interamericana de Prensa calificó la sentencia como una “grosera coacción a la libertad de prensa y al derecho a la sociedad de estar informada”. El fallo tiene la “clara intención de disuadir el periodismo de profundidad y de denuncia (...) y evidencia el gran retroceso de Venezuela en materia de libertad de expresión”, dijo Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información del organismo.
Paolillo criticó que el juez admitió el argumento de la parte acusadora de que los medios deben esperar la sentencia de un tribunal para informar sobre un caso de corrupción.
Un juez del estado Bolívar, en Venezuela, condenó la madrugada de ayer al diario Correo del Caroní y a su director, David Natera, por su cobertura informativa del año 2013 en torno a un caso de corrupción en la empresa pública Ferrominera Orinoco.
Beltrán Javier Lira, titular del Tribunal Sexto de Juicio del Bolívar, sentenció a Natera a cuatro años de prisión por los delitos de difamación e injuria continuada, y le impuso medidas cautelares de prohibición de la salida del país y presentación ante la sede judicial cada 30 días mientras el fallo queda en firme.
En cuanto al rotativo, el juez Lira le impuso al Correo del Caroní la prohibición expresa de publicar noticias relacionadas con el empresario Yamal Mustafá, supuestamente ligado con la trama de corrupción. Además, el diario fue condenado a pagar una multa de mil 137 unidades tributarias ($31 mil 849) y no podrá enajenar ni gravar sus bienes.
La investigación periodística por la cual fue condenado el periódico regional destapó la existencia de una red de extorsión supuestamente encabezada por el coronel de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) Juan Carlos Álvarez, en la que presuntamente amenazaba a directivos y contratistas de Ferrominera con incluirlos en expedientes judiciales que los implicaría en la denominada “mafia del hierro” si no accedían a sus peticiones. Tiempo después, Álvarez fue arrestado.
El expresidente de la corporación Radwan Sabbagh, tres gerentes de la compañía y el empresario Mustafá también fueron detenidos por su presunta participación en los ilícitos.
Mustafá interpuso una demanda contra el director del Correo del Caroní y el diputado opositor Andrés Velásquez por los delitos de difamación e injuria, pese a que se encontraba imputado y detenido. Sin embargo, Velásquez no fue juzgado, debido a que su investidura contempla la inmunidad parlamentaria.
El empresario fue imputado por el Ministerio Público por los delitos de peculado doloso propio, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir, permaneció más de dos años preso y fue liberado en diciembre de 2015, tras ser sobreseído penalmente.
Varias asociaciones y sindicatos de periodistas han expresado su repulsa a esta sentencia.
El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazó en la tarde de ayer la condena y afirmó–a través de un comunicado– que esta busca inhibir al medio de comunicación de informar de manera oportuna a los ciudadanos sobre los hechos que acontecen en su zona.
Por su parte, la oenegé Espacio Público exigió el cese del hostigamiento a los medios con línea editorial crítica e independiente del Gobierno, y el pronunciamiento de los organismos internacionales sobre este asunto.
Este hecho ocurre cuando periódicos venezolanos atraviesan una difícil situación por la falta de divisas para la compra de papel.
(Con información de Correo del Caroní y El Nacional).