Los miembros del Consejo Municipal de Panamá suspendieron la aprobación de nuevos permisos de construcción y anteproyectos en la comunidad de Condado del Rey, Centennial y áreas aledañas.
La medida será aplicada hasta que se inicie la ampliación de las calles y realicen estudios actualizados de la infraestructura de esa comunidad, dividida entre los distritos de Panamá y San Miguelito, en la capital.
Durante varios años, los miembros de la Asociación de Residentes de Condado del Rey y barriadas cercanas han denunciado que se convirtieron en víctimas de la poca planificación urbanística de las autoridades.
Problemas de seguridad, vialidad, invasiones de terrenos, el colapso del sistema sanitario y agua, y problemas de inundaciones en la temporada lluviosa han sido las quejas recurrentes de los vecinos.
Ricardo Domínguez, representante de Bella Vista y presidente de la Comisión de Vivienda de esa autoridad local, explicó que adoptaron la medida pues, a su juicio, “es evidente” que la comunidad no aguanta más construcciones.
Informó que convocaron a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales para que realicen los estudios correspondientes y se pueda conocer con certeza la condición actual de la comunidad y sus necesidades futuras.
David Gastón Chatán, miembro de la Comisión Vial de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, sostuvo que la medida “es positiva” y además es lo que corresponde.
El tema de la planificación de la infraestructura debe ir por delante de las ambiciones de construcción, dijo el ingeniero.
Como el sector de la construcción ha rechazado en reiteradas ocasiones que se paralicen las construcciones de inmuebles mientras se planifica, Chatán opinó que el interés de este sector empresarial debe estar orientado hacia las áreas que ya cuenten con sistemas de alcantarillado, agua potable, servicio de electricidad, vías de acceso, etc.
Así mismo, estimó que la construcción de todas esas necesidades básicas para el adecuado funcionamiento de las comunidades y áreas comerciales debe ser una responsabilidad compartida entre el sector empresarial y el Estado.
“Debe haber una tasa por el gasto que hay que hacer o se ha hecho en infraestructura, que va a beneficiar y valorizar las edificaciones desarrolladas por el sector empresarial”, sostuvo.