Federico Pepe Suárez, ministro de Obras Públicas durante los dos primeros años del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), seguirá sin poder abandonar el territorio panameño.
Y es que el Juzgado Decimoquinto Penal, a cargo de Leslie Loaiza, rechazó una solicitud de la defensa del exministro para que se le levante la medida cautelar de impedimento de salida del país que le impuso la Fiscalía Segunda Anticorrupción.
El juez Loaiza argumentó en su escrito que Suárez es investigado por “un delito grave”, relacionado con un perjuicio al Estado. Además, sustentó que en su caso existe la posibilidad de riesgo de fuga, aunque reconoció que el procesado ha comparecido cada vez que el Ministerio Público lo ha requerido.
Suárez es investigado por la fiscal segunda anticorrupción, Vielka Broce, por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, en la modalidad de peculado, por la compra de comida deshidratada por $44.9 millones a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).
El exministro fue vinculado a este caso, ya que era parte del consejo directivo del PAN cuando se otorgó el polémico contrato.
Sin embargo, el mismo Juzgado Decimoquinto Penal sobreseyó provisionalmente a Suárez en diciembre de 2015, con el siguiente argumento: “No observamos omisión alguna por parte del Consejo Directivo; por el contrario, el acta [de la reunión donde se avaló la compra] consigna que se aprobó la contratación por los buenos resultados que se habían tenido por parte del cuerpo administrativo y docente de las escuelas”.
La medida de sobreseimiento también alcanzó a la exministra de Educación Lucy Molinar, a la exviceministra de la Presidencia María Fábrega y a la exviceministra de Desarrollo Social Marta Susana de Varela.
Sin embargo, Broce apeló el fallo y el expediente pasó al Segundo Tribunal Superior Penal, que debe decidir si mantiene la decisión de primera instancia o no.