El Senado brasileño conformó ayer la comisión especial que analizará el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, inicio de una deliberación que podría apartarla del cargo en pocas semanas.
Tras una derrota apabullante en la Cámara de Diputados el 17 de abril, la eventual continuidad del juicio político será analizada por una comisión de 21 senadores que empezarán a trabajar hoy y tendrán hasta 10 días hábiles para llegar a una conclusión y recomendarla al pleno del Senado.
Si la mayoría de los senadores ratifica la decisión de los diputados -en una votación prevista para mediados de mayo- Rousseff perderá la presidencia transitoriamente por hasta 180 días a la espera de una sentencia definitiva, mientras se desarrolla el juicio propiamente dicho.
Quien asumiría la jefatura del Estado sería el vicepresidente Michel Temer, acusado por la propia Rousseff de haberla traicionado y de conspirar en su contra articulando entre bastidores el gabinete de un eventual gobierno.
Reelegida en 2014 por un estrecho margen, Rousseff debería concluir su mandato en 2018, pero su desgaste político, la recesión económica y el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras dieron forma a una crisis política que terminó paralizando su segundo gobierno, iniciado hace 15 meses.
Sus detractores la acusan de maquillar las cuentas públicas en año electoral, algo que ella desmiente alegando que incurrió en prácticas contables legales y utilizadas por sus antecesores. Rousseff y su Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) sostienen que son víctimas de un “golpe” parlamentario orquestado por la oposición y el centrista PMDB, exaliado clave de Rousseff durante los últimos cinco años, pero que en marzo decidió abandonar la coalición de gobierno y precipitó una desbandada de otros partidos en el Congreso.