La justicia de Argentina congeló ayer las cuentas bancarias de la expresidenta Cristina Fernández por la causa en la que se investiga una venta irregular de dólares a futuro. El juez federal Claudio Bonadío ordenó la medida hasta que la exmandataria acepte y cubra un embargo que le fijó al procesarla en la causa por 15 millones de pesos ($1 millón). Fernández se negó a pagar y denunció a su vez a Bonadío, pero por otra causa.
La justicia ordenó ayer congelar las cuentas bancarias de la expresidenta argentina Cristina Fernández en el marco de una causa en la que está procesada por supuesta administración fraudulenta.
El juez federal Claudio Bonadío dispuso la medida luego de que Fernández (2007-2015) se rehusó a satisfacer un embargo de 15 millones de pesos (poco menos de un millón de dólares) que le había impuesto la víspera el magistrado a raíz de su imputación formal en la investigación sobre operaciones con dólar a futuro del Banco Central realizadas al fin de su mandato en diciembre.
“La nombrada registra productos bancarios, financieros y valores en distintos bancos del país, procédase a inmovilizar los mismos. Para ello deberá oficiarse a los siguientes bancos en los que la nombrada se encuentra como titular y/o cotitular de los mismos”, dijo Bonadío en un fallo difundido por el Centro de Información Judicial. A continuación el magistrado nombró cinco entidades financieras a las que conminó a obedecer la orden judicial.
“Asimismo se procederá oficiar al señor presidente del Banco Central de la República Argentina con el objeto de que se cumpla con dicha medida en caso de poseer la nombrada productos en otros bancos del sistema financiero del país”, agregó.
Bonadío considera a la expresidenta partícipe de una maniobra por la cual el Banco Central ofreció dólares a un precio mucho más bajo que el valor de mercado para entregar el 31 de marzo bajo un nuevo gobierno. Según el juez, esto le causó al Estado una pérdida de unos 77 mil millones de pesos (unos 5 mil 273 millones de dólares al cambio actual).
El miércoles, Bonadío había dispuesto la inhibición general de los bienes muebles e inmuebles de Fernández, lo que supone la imposibilidad de venderlos o hipotecarlos, hasta cubrir la suma de cerca de un millón de dólares con el mismo argumento de que la expresidenta se rehusó a satisfacer el embargo.
El delito que Bonadío le imputa a Fernández contempla penas de 5 a 20 años de prisión.
Fernández ha negado ser responsable de maniobras irregulares con el dólar a futuro y sostiene que Bonadío es un “oscuro personaje” que cuenta con el respaldo del gobierno del presidente Mauricio Macri en sus intentos de enviarla a prisión, lo que ha sido negado por funcionarios.
El miércoles, después de acudir a su juzgado para notificarse oficialmente del procesamiento dictado en su contra un mes atrás, Fernández presentó ante un fiscal una denuncia contra Bonadío y la diputada Margarita Stolbizer por supuesta connivencia para actuar judicialmente en su contra en el marco de otra investigación.