A las cinco sucursales que la constructora brasileña Odebrecht tiene en Colombia les congelaron sus cuentas bancarias.
La información fue confirmada por el diario El Tiempo.
En la actualidad, la empresa tiene 73 empleados en planilla que están en el limbo, debido a que por disposiciones legales el dinero con el que se les paga sus salarios no puede ser retirado de los bancos.
“Los 73 ejecutivos de planta que Odebrecht tiene en Colombia están varados en el país. Desde que estalló el escándalo que graduó de corrupta a esa multinacional en el mundo, nadie paga sus salarios, los arriendos de las oficinas, los impuestos ni los servicios públicos”, señala el reportaje.
“Ninguna de las cinco filiales de la brasileña en el país registra bienes en Colombia. Tres bancos les bloquearon sus cuentas, impidiendo el ingreso de divisas”, continúa la nota.
La situación financiera de las filiales de Odebrecht en Colombia se agrava tomando en cuenta que, según el periódico, en los próximos tres días se vence un crédito que obtuvieron del Banco Agrario de Colombia por $40 millones.
El problema es que las filiales de Odebrecht no tienen propiedades inmuebles a su nombre ni garantías, por lo que el cobro de esta deuda será complejo.
La mencionada entidad bancaria es una dependencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, equivalente al Banco de Desarrollo Agropecuario, por lo que técnicamente los 40 millones son del Estado colombiano.
Un mes atrás, la Fiscalía General de Colombia informó que la empresa constructora Norberto Odebrecht pagó coimas a funcionarios de este país sudamericano utilizando cuentas bancarias en Panamá y Andorra.
“Odebrecht creó una oficina de operaciones estructurales [en Brasil], a través de la cual se manipulaban cuentas para pagos de sobornos y desde esa oficina es donde salen los $11 millones que llegaron a cuentas en Panamá y el principado de Andorra para el caso que nos ocupa”, señalan documentos de la Fiscalía.
La Fiscalía de Colombia está tras la ruta de pagos que hizo a Gabriel García Morales, quien fue viceministro de Transporte en el gobierno del presidente Álvaro Uribe.
A comienzos de enero, este exfuncionario fue capturado, al ser acusado de recibir un soborno de $6.5 millones en el año 2009. Esto presuntamente a cambio de favorecer a la constructora en un contrato carretero.
La constructora se declaró culpable en diciembre pasado en una corte de Estados Unidos por violar normas contra sobornos, como resultado de una investigación en Brasil sobre una compleja red de corrupción entre 2001 y 2016, que pagó unos 439 millones de dólares a partidos políticos, funcionarios extranjeros y sus representantes en varios países de América Latina.