El Congreso boliviano autorizó ayer un juicio de responsabilidades contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, refugiado en Estados Unidos (EU), y varios de sus exministros, entre ellos el dirigente opositor Samuel Doria Medina, por delitos económicos.
“Sánchez de Lozada será juzgado por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes”, informó la presidencia del Congreso en un comunicado. Añadió que la acusación principal contra el exmandatario, quien también es enjuiciado en Bolivia desde 2006 por violación de los derechos humanos, es por la privatización de la empresa estatal de ferrocarriles ENFE, a mediados de la década de 1990, y por el uso de un crédito de EU.
El exgobernante huyó a EU en 2003, luego de que una revuelta popular que dejó más de 60 muertos lo depuso del cargo, en medio de protestas contra su intención de exportar gas natural a EU a través de Chile.
El gobierno del presidente Evo Morales mantiene un trámite de extradición ante el Departamento de Estado, aún sin resolver.
Sánchez de Lozada fue presidente de Bolivia en dos oportunidades, en 1993-97, cuando se produjo la privatización de ENFE y varias empresas estatales, y en 2002-2003, cuando fue sacado por la fuerza popular.
El oficialismo también denunció el mal uso de un crédito de $12 millones de EU que benefició a privados. Por este caso también fueron acusados Sánchez de Lozada y varios de sus ministros.