El Congreso de Guatemala conformó ayer la Comisión Pesquisidora que se encargará de analizar la solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales.
La decisión fue adoptada con 129 votos a favor y 7 en contra —22 se ausentaron—, de un total de 158 legisladores.
La creación de la comisión tuvo lugar luego de que el diputado Orlando Blanco, de la bancada Unión Nacional de la Esperanza, presentara una “moción privilegiada” para que el pleno conociera del antejuicio, ya que al inicio el presidente del legislativo había dicho que tendrían que conformarla en una próxima sesión.
A moción del jefe de la bancada del oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Javier Hernández, el pleno también aprobó un plazo máximo de cinco días para que la comisión presente su “informe circunstanciado” (121 votaron a favor, 12 en contra y 25 se ausentaron).
La solicitud de antejuicio fue presentada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) ante la Corte Suprema, tras una denuncia presentada por el Tribunal Supremo Electoral por el delito de financiamiento electoral ilícito. Las transacciones a las que alude la investigación involucran unos $923 mil.
“Sin que se haya violentado el derecho de antejuicio (...) se ha formado un expediente acerca de la posible comisión de hechos que podrían dar lugar a formación de causa por su actuación como Secretario General del partido FCN-Nación (...) debido a que el señor Morales (...) pudo haber recibido contribuciones en forma anónima. Además de no haberlas registrado en los libros contables de la organización política e impedir al TSE la realización de su función de control y fiscalización de los fondos públicos y privados (...) para actividades permanentes y de campañas electorales”, manifestó la fiscal general Thelma Aldana al anunciar el antejuicio el pasado 25 de agosto.
De acuerdo con la Ley en materia de Antejuicio, “la Comisión Pesquisidora examinará el expediente y demás documentos que hubieren, oirá a los promotores del antejuicio, así como al funcionario contra quien esté enderezado el asunto y practicará las diligencias que soliciten las partes recabando toda información y documentación que cualquiera de los miembros considere pertinente (...)”. Terminado su trabajo, en sesión ordinaria presentará su reporte y el pleno procederá a votar si declara “con lugar o sin lugar” el antejuicio, para lo cual será necesario el voto de las dos terceras partes de los diputados, es decir, 105.
Señala la norma, que las decisiones de la comisión se adoptarán por mayoría de votos y ningún diputado puede excusarse o dejar de participar, so pena de sanción.
La decisión en el Congreso podría dirimirse por razones políticas, según analistas locales, ya la Cicig tiene abiertos varios casos que salpican a la mayoría de los partidos y grandes empresas. Además, durante su mandato Morales ha logrado efectuar alianzas para mantener el control del legislativo.
De hecho, el diputado de FCN-Nación Juan Adriel Orozco reconoció ayer que el jefe de su bancada se ha reunido con los jefes del resto de los bloques para buscar consensos y evitar que Morales pierda su inmunidad.
Orozco manifestó que durante la campaña electoral no vio financiamiento anómalo y que desconoce si existen documentos que respalden los señalamientos contra el partido y su exsecretario general por parte del MP y la Cicig.
Al cierre de esta edición, Morales no había reaccionado ante este nuevo paso del proceso. No obstante, ha dicho que respeta la justicia y la institucionalidad.
(Con información de El Periódico, Prensa Libre y el Congreso de Guatemala).