Al gobierno del dictador nicaragüense Daniel Ortega se le está estrechando el cerco. Ayer, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley de sanciones dirigida a quienes han abusado de los derechos humanos y se han beneficiado de la corrupción que impera en esa nación centroamericana.
La Nicaraguan Investment Conditionality Act, bautizada desde su aprobación en el Senado como la Ley Nica, ahora deberá pasar a manos del presidente estadounidense, Donald Trump, para su firma, que debe darse en un plazo de 10 días.
El proyecto de ley, según reporta el diario nicaragüense La Prensa, estuvo acompañado por un largo proceso para su aprobación que demoró dos años y medio, y retomó fuerza debido a la masacre y la brutal represión que desde abril pasado ha perpetrado el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la población.
Hasta el 10 de diciembre se contabilizan 500 muertos, 647 detenidos, y más de 4 mil mil heridos.
La nueva medida es más fuerte que la ley Global Magnitsky Act (Glomag), pues incluye sanciones individuales a nacionales y extranjeros involucrados en la represión desde abril pasado, y establece restricciones al régimen para acceder a los créditos de la banca internacional. El propósito, se informó, es prevenir que dichos fondos sean empleados en la represión contra el pueblo nicaragüense.
La única forma de acceder a los recursos de los multilaterales, contemplado en la Ley Nica, es en caso de “emergencias económicas”, necesidades humanas básicas y para la promoción de derechos humanos y democracia.
El pasado 27 de noviembre, Estados Unidos anunció sanciones por medio de una orden ejecutiva en contra de la esposa de Ortega y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y del asesor presidencial Néstor Moncada Lau.