Ante la propuesta del Gobierno de hacer una serie de desarrollos en el Parque Nacional Cobia, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad, el Consejo Directivo de Coiba exigió que se respete la legislación que regula las actividades ecoturísticas, científicas y de desarrollo sostenible en el área.
El organismo encargado de la gestión del parque está integrado, entre otros, por científicos, universidades, pescadores, oenegés, municipios de Veraguas y el propio Miambiente.
Consejo de Coiba pide acatar ley
El Consejo Directivo de Coiba hizo un llamado esta semana durante una reunión con los ministerios de Ambiente y de Seguridad Pública, responsables por ley de la gestión y administración del área protegida en la provincia de Veraguas, a que cumplan con la Ley 44 de julio de 2004, que creó la reserva natural.
Precisamente, fue el Consejo Directivo el que convocó al encuentro, ya que recientemente el Ministerio de la Presidencia publicó una licitación para la construcción de una pista de aterrizaje en la isla y otras estructuras.
En febrero pasado, esa entidad, a través de la Secretaría de Metas, llevó a cabo una inspección técnica en la zona de la isla donde se realizará el proyecto para desarrollo del turismo. Incluso, el próximo 20 de marzo se tiene previsto que las empresas interesadas en la obra presenten sus propuestas económicas.
Además, hace poco el Ministerio de Ambiente (Miambiente) anunció un préstamo por más de 60 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo, de los cuales 27 millones serán para crear facilidades turísticas en el sitio, que fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).
Ambos proyectos ya están en marcha, pese a que ninguno recibió el visto bueno del Consejo Directivo de Coiba, como lo establece la Ley 44 de julio de 2004.
Por el Ministerio de Ambiente estuvo el viceministro, Yamil Sánchez, y por el Ministerio de Seguridad, Jonathan del Rosario. También participó el director del Sistema Nacional de Protección Civil, José Donderis, y autoridades del Servicio de Protección Institucional.
Evidelio Adames, representante de la Universidad de Panamá en el Consejo de Coiba, subrayó que se acordó hacer una inspección el próximo 19 y 20 de abril, para evaluar las intervenciones que se hacen en la reserva ecológica.
“También dejamos claro que el organismo de gobernanza del área protegida es el Consejo Directivo, según la ley, por lo que cualquier proyecto debe ser aprobado por nosotros”, sostuvo el catedrático.
En dicha inspección participarán los representantes de municipios donde está la reserva: Soná, Río de Jesús y Montijo, así como el Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian, miembros del Banco Interamericano de Desarrollo y oenegés, entre otros.
Oenegés
Por su parte, Tania Arosemena, dirigente de la Fundación Mar Viva y vocera de las oenegés en el Consejo de Coiba, manifestó que la reunión fue “importante”, porque como organismo de gobernanza de la reserva deben estar al tanto de cualquier proyecto que se vaya a ejecutar en el lugar.
Otro de los aspectos que ponderó Arosemena es que el plan de uso público de Coiba debe incluir todas las recomendaciones de los científicos, antes de priorizar el desarrollo turístico.
En tanto, Susana Serracín, de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, indicó que el Ministerio de Ambiente insiste en promover infraestructuras no compatibles con el área protegida so pretexto de promover turismo sostenible.
“No hay transparencia en el manejo de este tema. Y hay mucho dinero en la mesa, lo que nos genera desconfianza y preocupación”, concluyó la activista.
Se intentó obtener una versión del ministro de Ambiente, Emilio Sempris,pero al cierre de la edición no respondió.
Sempris, sin embargo, ha planteado reiteradas veces que se trata de un desarrollo turístico de bajo impacto y compatible con el área y que está dentro del plan de uso público de la reserva.
El documento fue aprobado el pasado 3 de enero, por el Consejo Directivo de Coiba, presidido por el Ministerio de Ambiente.
En aquella ocasión, solo la Fundación Mar Viva votó en contra de esa propuesta, porque no se consideraban recomendaciones de entidades científicas y de investigación.