La Contraloría General de Venezuela concluyó que el líder opositor y excandidato presidencial Henrique Capriles tuvo responsabilidad en el manejo irregular de fondos públicos en la gobernación del estado de Miranda, lo que allana el camino para una eventual inhabilitación que dejaría a la oposición sin una de sus principales figuras.
La Contraloría, encargada de la revisión de la gestión de todos los organismos estatales y funcionarios, indicó que Capriles y otros ocho funcionarios tuvieron “responsabilidad administrativa” durante la investigación de seis casos que incluyen una reconducción del presupuesto de 2011, el uso de donaciones recibidas de Polonia y Gran Bretaña, y un contrato de servicios funerarios para los empleados de la Gobernación, entre otros.
A su vez, les impuso una multa de 43 mil bolívares (unos 63 dólares).
Las nueve personas podrán apelar la decisión, señaló un comunicado de la Gobernación.
La Contraloría General no emitió comentarios sobre su decisión.
Capriles descartó que alguna de las acusaciones haya implicado un “daño patrimonial” al Estado venezolano, tal como sostienen las autoridades, y acusó a la Contraloría General –señalada de estar controlada por el gobierno– de buscar su inhabilitación política.
El proceso abre la posibilidad de que la Contraloría inhabilite a Capriles para competir en cualquier contienda electoral por un período de tiempo, tal como le ocurrió hace 12 años al líder opositor Leopoldo López cuando dirigía la Alcaldía del municipio capitalino de Chacao.
López fue condenado por un tribunal penal en 2015 a casi 14 años de cárcel por encabezar protestas en Caracas que derivaron en incidentes violentos.
Capriles compitió en los comicios presidenciales de 2012 contra el fallecido presidente Hugo Chávez y al año siguiente se enfrentó en otra elección al mandatario Nicolás Maduro, en la que perdió por un estrecho margen. Las principales encuestas locales ubican a López y Capriles como las figuras políticas con mayor popularidad.
El gobernador opositor fue uno de los principales promotores del proceso de referendo revocatorio del mandato de Maduro que fue suspendido en octubre del año pasado por las autoridades judiciales y electorales.
El contralor general, Manuel Galindo, dijo a la televisora estatal que según la investigación existe responsabilidad de los involucrados, y añadió que cuando se tome una decisión definitiva sería anunciada públicamente.