Las reformas a la ley de contrataciones públicas, aprobadas por la Asamblea Nacional y sancionadas ayer por el presidente Juan Carlos Varela, eliminan la licitación abreviada, establecen un mayor control en los procesos de “llave en mano” y fijan tope a las adendas.
Aunque estos cambios marcan un avance, las reformas están lejos de las propuestas que se debatieron y solicitaron en la Asamblea Nacional.
Carlos Gasnell, abogado y expresidente del capítulo panameño de Transparencia Internacional, enfatizó en que no se trata de cantidad de artículos modificados. “Se trata, más bien, de un cambio de modelo de contratación, si lo que se quiere es evitar los abusos que permitió la Ley 22 y sus modificaciones (9 o más) y reducir los riesgos de corrupción que permite el actual modelo...” .
Recordó que quedó pendiente el polémico tema del impedimento de las empresas que hayan reconocido actos de corrupción o que hayan sido condenadas por delitos de corrupción dentro o fuera de Panamá.