Se ha repetido, una y otra vez, que los contratos con las filiales de Finmeccanica eran contratos “llave en mano”. Esto no es del todo cierto. De haberlo sido, Panamá hubiera pagado cuando “recibiera la llave”, esto es, cuando el equipo de vigilancia costera hubiera estado instalado y funcionando.
En realidad, la forma como se estructuró esta transacción se asemeja más al factoring, una modalidad de financiamiento mediante la cual un proveedor cede sus facturas a un tercero, en este caso los bancos liderados por Citibank. Panamá aceptó que las filiales de Finmeccanica cedieran sus cuentas a los bancos.
Así, Panamá terminó siendo deudora de la banca internacional y no de las empresas italianas.
Cada vez que un funcionario panameño firmaba una cuenta de pago parcial (CPP) aceptaba, según dice el documento, “que se había cumplido con todos los requisitos establecidos en el contrato y en la ley”, estableciéndose que los bancos tenían ahora “un crédito contra el Estado por el monto indicado en la CPP”. Las CPP firmadas por Mulino, Garuz y Vega dicen claramente que las mismas “constituyen una obligación autónoma, incondicional e irrevocable del Estado y serán pagadas por el Estado sin retención o deducción alguna”.