El presidente de Ecuador, Rafael Correa, celebró ayer su décimo y último año en el poder en plena campaña electoral para los comicios de febrero de 2017 en el país, en los cuales declinó participar por un cuarto mandato.
El mandatario celebró la llamada “década ganada” junto a unos 100 mil simpatizantes, según cifras del oficialismo, que se congregaron en la avenida 9 de Octubre en la ciudad de Guayaquil (suroeste).
Correa, un economista de 53 años que asumió el poder en enero de 2017, lanzó una advertencia sobre la campaña para las elecciones del 19 febrero. “Pero atentos. No debemos caer en la trampa de los mediocres de siempre, que ante su falta de propuestas quieren reducir la campaña a acusaciones de corrupción”, dijo Correa.
El mandatario señaló que su gobierno ha enfrentado en los últimos meses “el más grave caso de corrupción”, en referencia a un escándalo por sobornos en el área petrolera que involucra a exfuncionarios, entre ellos a un exministro de Hidrocarburos y que estalló a raíz de la difusión de la investigación global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
“Estamos escandalizados y dolidos ante los últimos episodios de corrupción. Sufrimos la decepción de haber sido robados, pero pareciera que estas inconductas fueran solo patrimonio del sector público. ¿Y los corruptos y corruptores del sector privado?”, preguntó Correa.
La justicia ecuatoriana también investiga supuestos sobornos por 33.5 millones de dólares entregados por la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios ecuatorianos.
La politóloga Tatiana Larrea señaló que “va a haber una sensación de vacío que él va a dejar por su mismo carácter, su personalidad, su fuerza, que hace además que muchos lo quieran y otros lo odien”.
Correa también se refirió al referendo que se realizará el mismo día de los comicios y que busca impedir que los funcionarios públicos puedan tener capitales depositados en paraísos fiscales.
“¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza en paraísos fiscales?”, es la pregunta que deberán responder los votantes.
De ganar el “Sí”, los servidores públicos deberán acatar el mandato y deshacerse de sus bienes en paraísos fiscales en el plazo de un año. Su incumplimiento será causal de destitución. “Llegó el momento de la verdad, llegó el momento de ver quién es quién”, manifestó Correa.