Malversación de fondos para comida escolar, pagos por votos y la extradición del propio zar anticorrupción de Colombia por aceptar sobornos son solo algunos de los casos que indignan a los electores antes de los comicios presidenciales de mañana domingo.
Mientras los colombianos se sienten más seguros después de un acuerdo de paz con las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmado en 2016, el foco de los votantes se ha desplazado a otros asuntos y una serie de casos de corrupción de alto perfil han ocupado un lugar central.
En un gran año de elecciones en Latinoamérica, la corrupción también se perfila como un problema importante en materia electoral en México y Brasil, donde los candidatos considerados sin manchas de fraude se destacan.
Los dos contendientes colombianos, el derechista Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro, han prometido tomar medidas drásticas que incluyen sentencias más duras y forzar la devolución de los fondos públicos robados, palabras mayores, ya que el nuevo presidente necesitará la aprobación de leyes a través de un Congreso históricamente corrupto.
Costos
“Estoy harta de la corrupción. Los políticos, qué vergüenza”, dijo Laura Prieto, una economista de 47 años de edad. “Deberían encerrarlos de por vida”, recalcó.
Los candidatos parecen escuchar el enojo de los electores por la corrupción, que le cuesta a Colombia unos $17 mil millones al año, equivalente al 5.3% del producto interno bruto, según cálculos de la Contraloría General de la Nación.
Para fortalecer las reformas anticorrupción, la senadora de centro-izquierda Claudia López presionó para realizar un plebiscito en agosto que preguntará a los colombianos si los salarios del Congreso deberían reducirse y si las sentencias por corrupción deben ser más rigurosas.
La nación andina ocupa el lugar 96 entre los 180 países en el índice de corrupción global de Transparencia Internacional, colocándola junto a Tailandia, Panamá y Brasil. México ocupa el puesto 135.
En un caso que desató la indignación nacional en 2016, una compañía de alimentos fue acusada de malversar fondos destinados a comidas para niños en una de las provincias más pobres de Colombia.
En marzo, Aída Merlano fue acusada de comprar votos para su candidatura a la elección del Senado y fue encarcelada mientras se realiza la investigación.
Y en otro caso que causó sorpresa, el máximo jefe en la lucha contra la corrupción de Colombia, Luis Gustavo Moreno, fue extraditado a Miami en mayo por cargos de haber recibido $10 mil en sobornos.
“Es el caso más ridículo a escala internacional”, dijo Andrés Hernández de Transparencia Internacional.
Odebrecht
Los políticos colombianos también quedaron atrapados en el escándalo transregional de Odebrecht, cuando se descubrió que la constructora brasileña había pagado $439 millones en sobornos en Latinoamérica, $27 millones solo en Colombia.
El presidente Juan Manuel Santos se vio obligado a pedir disculpas después de revelaciones de que sus campañas de 2010 y 2014 recibieron fondos de Odebrecht. La campaña de su rival, Óscar Iván Zuluaga, también fue investigada por vínculos con Odebrecht.
Aunque los votantes esperan que el nuevo presidente combata los sobornos, los expertos advierten que el problema pueda infectar el mismo proceso electoral.
En busca del voto de los electores
Comprar apoyo con alimentos, transporte y efectivo son comunes en Colombia, según César Caballero, de la encuestadora Cifras y Conceptos. Algunos candidatos han empezado a entregar sobornos más lujosos, como electrodomésticos o hasta 100 mil pesos (unos 36 dólares) en efectivo, según la Misión de Observación Electoral. A finales de la década de 1970, el entonces presidente Julio César Turbay lanzó una polémica frase que mostró lo arraigado que está ese delito en el país: “Tenemos que reducir la corrupción a sus justas proporciones”.