Aunque Odebrecht utilizaba sofisticados esquemas de lavado de dinero –que a la postre eran repetitivos, creando patrones que dejaban su huella indeleble–, los moldes de soborno variaban según el país donde quería establecerse.
En algunos casos, la empresa entabló contacto directo con funcionarios o allegados de estos, a quienes les destinaba sumas millonarias en cuentas bancarias en el extranjero, para lo cual se valía de sociedades offshore. En otros, utilizaba a empresarios locales en cada país, que servían de “puente” para llegar a la alta jerarquía de los gobiernos de las naciones latinoamericanas.
Este último caso es el que parece haber utilizado Odebrecht en República Dominicana, donde la compañía brasileña reconoció haber pagado $92 millones en coimas. En ese país, sus contratos con el Estado isleño alcanzaron casi $5 mil millones, que incluyen unos $900 millones en adendas. El monto total representa poco más de la mitad de las obras contratadas por Odebrecht en Panamá y casi el doble en pagos de coimas en este país ($59 millones).
Las autoridades dominicanas anunciaron el pasado lunes el arresto de, al menos, ocho funcionarios de alto nivel, dirigentes políticos y empresarios por su presunta vinculación con los sobornos pagados por Odebrecht.
Un nombre destaca: el del empresario Ángel Rondón Rijo, que Odebrecht identificaba como su representante comercial en República Dominicana, un eufemismo para quien hoy está acusado de haber recibido $92 millones en coimas, que luego eran repartidos entre funcionarios del gobierno de la isla.
Rondón Rijo, además de ser un próspero empresario de su país, tenía la singularidad de ser amigo inseparable del presidente dominicano Danilo Medina, bajo cuya administración Odebrecht construyó la obra emblemática de su administración: una termoeléctrica valorada en $2 mil millones.
Rondón Rijo ganó notoriedad cuando un banquero, el delator brasileño Vinicius Veiga Borin, reveló que la sociedad Conamsa International Ltd., (perteneciente a Rondón Rijo y a Angelina Rondón Marte), así como Lashan Corp. (creada por la firma panameña Mossack Fonseca) eran parte del esquema de pagos de Odebrecht (ver nota relacionada).
Fue este mismo banquero quien mencionó en su delación una serie de offshores y sus beneficiarios, con cuentas en el banco donde él trabajaba: el Meinl Bank, entidad caribeña que compró Odebrecht. Estas cuentas “fueron abiertas por indicación de Odebrecht [...] y recibieron recursos de cuentas operacionales de Odebrecht”, contó a los fiscales.
Entre las offshore, además de las de Rondón Rijo, listó una que vinculó a Carlos Ho González –director de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas–: la offshore Pivotal Corp.
A su turno, Ho González negó conocer a Veiga Borin, así como cualquier vínculo con la citada sociedad.
Volviendo al empresario dominicano, su nombre está ligado a sociedades panameñas, como Corporación Comercial Estrella de Mar, Sky River Trading Inc., Soluciones Comerciales El Valle, Westfield Holdings Group Inc., Halmar Asociados, Adeline Group Corporation, Heaven Ocean Management, Consultores Nuevo Sur Inc., Grupo Roymar y Sanabria International.
Incluso, aunque se desconoce en qué quedó el trámite, la sociedad Lashan estaba en trámite de abrir una cuenta en 2005 en un banco local panameño, parte de cuyo trámite lo hizo la firma local Quijano y Asociados.
MÁS CASOS
Rondón Rijo ha estado ligado a sonados escándalos en su país, entre ellos, el de Baninter, la segunda mayor entidad financiera de República Dominicana hasta 2003, cuando colapsó, producto del que ha sido denominado el mayor fraude corporativo en la historia de ese país.
También ha sido mencionado recientemente. Publicaciones de República Dominicana y España dan cuenta de que el empresario está envuelto en otro escándalo en este último país.
Rondón Rijo es propietario del 35% de las acciones de la empresa AAA Dominicana, mientras que el resto –el 65%– está en manos de la compañía Inassa, filial en Latinoamérica de la española el Canal de Isabel II.
AAA Dominicana se dedica a la gestión comercial del agua, lectura de contadores, facturación y recaudación, trabajo que factura a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, que suministra el agua potable en la capital dominicana.
El medio digital español El Confidencial, citando al juez Eloy Velasco, indica que la empresa AAA Dominicana “habría estado pagando periódicamente comisiones ilegales relacionadas directamente con contratos públicos adjudicados y ejecutados por esta empresa en República Dominicana”.
Rondón Rijo habría canalizado el pago de esas comisiones a través de una sociedad suya, Consultores y Contratistas Amiro Santana (Conamsa), la misma que Veiga Borin menciona como cliente del Meinl Bank que recibía fondos negros de Odebrecht.
El auto judicial destaca cómo Conamsa facturó a AAA Dominicana, en concepto de “asistencia técnica”, $1.66 millones entre 2014 y 2015.
Los investigadores sospechan que la empresa de Rondón Rijo recibía las comisiones facturando las “asistencias técnicas” que luego repartía entre los funcionarios dominicanos. Es decir, algo muy parecido a lo que se hacía con Odebrecht.
EL CASO PANAMÁ
Pues bien, Inassa, la filial de la empresa Canal Isabel II, también tiene su historia en Panamá.
Esta empresa logró adjudicarse en Panamá más de $35 millones en contratos entre 2010 y 2015, sin levantar sospechas del supuesto “pago de coimas” a funcionarios panameños, hecho que también fue investigado por las autoridades españolas.
Los detalles se lograron a través de la intervención de correos electrónicos de Inassa, según el juez, quien planteó, además, que es una práctica que se estaba realizando en República Dominicana.
En la investigación se detectó el supuesto pago de coimas a funcionarios del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), para la adjudicación de un contrato de $4.9 millones a Inassa y a la Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas (Cleop), para el diseño y construcción del sistema de alcantarillado sanitario en La Pintada, provincia de Coclé.
Su primer contrato –de $11.9 millones, adjudicado en 2010– lo obtuvo en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) para el cobro de la cartera morosa en Panamá metro y Oeste, en medio de acciones de reclamo.
En el proceso de licitación que se observa en la página gubernamental de Panamá Compra otras empresas ofertaron menos, pero fueron descalificadas.
A la llegada del gobierno del presidente Juan Carlos Varela, se encontraron con muchos problemas de “incumplimientos”, aseguró el director de Comercialización del Idaan, Jesús Arrocha. Pero al final, el Estado tuvo que pagar $11 millones a Inassa. Y, pese a ello, la empresa logró adjudicarse en 2015 otro contrato, también de $11 millones, para la lectura de medidores y entrega de recibos, lo mismo que hacía la compañía AAA Dominicana en la isla.
Y la cosa empezó mal, pues el Idaan ya tiene problemas con Inassa en los servicios que presta. No obstante, se le deben $3 millones, correspondientes a 2016. “Quedamos fríos cuando nos enteramos del pago de coimas. Estamos sorprendidos”, aseguró Arrocha.