La Corte Suprema británica prometió ayer considerar de manera imparcial la cuestión de quién tiene autoridad para iniciar la salida del país de la Unión Europea: el Gobierno o el Parlamento.
Los magistrados reconocieron que el caso ha caldeado los ánimos sobre cómo y cuándo separarse del bloque continental, una decisión que se tomó en un referéndum a mediados de año. Además, la batalla legal tendrá graves implicaciones constitucionales sobre el balance del poder entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.
El magistrado que preside la Corte, David Neuberger, inició la audiencia condenando las “amenazas de seria violencia y desagradable abuso” dirigidas contra Gina Miller, una de las partidarias de hacer que el Parlamento tenga participación en el asunto.
Neuberger y los otros 10 magistrados en el máximo tribunal deberán decidir si el gobierno de la primera ministra Theresa May puede invocar el artículo 50 del tratado de la UE, lo que daría inicio a dos años de negociaciones sin la aprobación del Parlamento. May ha dicho que invocará el artículo 50 para fines de marzo.
Esos poderes, tradicionalmente ejercidos por el monarca, pero hoy en día por los políticos, permiten que las decisiones sobre sumarse o desprenderse de tratados internacionales se hagan sin una votación parlamentaria.
Miller, una empresaria financiera y otra litigante, la peluquera Deir Dos Santos, fueron a los tribunales denunciando que separarse de la UE violaría sus derechos, como, por ejemplo, el libre tránsito entre los países del bloque y que ello no se debería hacer sin la aprobación del Parlamento.
El mes pasado, tres jueces de la Alta Corte coincidieron con la apreciación, pero el Gobierno afirma que malinterpretaron la ley. Al presentar los argumentos del Gobierno, el procurador Jeremy Wright dijo que el uso de la prerrogativa real no es una violación a la potestad del Parlamento, porque el legislativo estuvo al tanto de todo el proceso del referéndum.
Wright dijo que el Gobierno no está usando su prerrogativa “de manera caprichosa ni jalada de la nada”, sino como resultado de un proceso en que el Parlamento “estuvo total e intencionalmente involucrado”.
“Cuando se trata de abandonar la Unión Europea, el Parlamento ha tenido su total capacidad y múltiples oportunidades para restringir la potestad del Poder Ejecutivo de iniciar el procedimiento del artículo 50, y ha decidido no hacerlo”, indicó.