La mayoría de los jueces de la Corte Suprema brasileña rechazó ayer miércoles el pedido del presidente Michel Temer de bloquear la denuncia presentada en su contra por la Fiscalía General como presunto líder de una “organización criminal” para desviar fondos estatales.
El voto de 6 de los 11 magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) abre la puerta para enviar la denuncia a la Cámara de Diputados, donde los legisladores deberán decidir si autorizan al Supremo Tribunal Federal (STF) a evaluarla y eventualmente elevarla a juicio.
“La palabra está con la Cámara de Diputados”, dijo el juez Luis Roberto Barroso al explicar su posición. Esta nueva derrota de Temer pone punto final a la batalla judicial que lanzó su defensa para frenar un caso que, hipotéticamente, podría costarle el cargo al jefe de Estado. El tribunal había dejado pendiente el miércoles pasado un pedido para impedir que la Fiscalía presentara cargos hasta que se determine si hubo irregularidades en la obtención de las pruebas surgidas en las delaciones de los directivos del gigante de la alimentación JBS.
Esa postergación abrió una ventana que aprovechó el fiscal Rodrigo Janot, que terminó su mandato el domingo pasado, para presentar su segunda denuncia contra Temer, como jefe de una “organización criminal” integrada por varios de sus principales ministros y colaboradores, y por tentativas de obstrucción de la labor de la justicia.
Según la denuncia, esa “organización criminal” recibió“por lo menos 587 millones de reales (unos 189 millones de dólares) en sobornos”. Janot convirtió a Temer en el primer presidente brasileño en ejercicio en ser acusado de un crimen común, al pedir su encausamiento por “corrupción pasiva”. No obstante, la confortable mayoría que apoya a Temer en la Cámara Baja rechazó autorizar la apertura de una investigación en el STF.
Los abogados de Temer abrieron una batalla de procedimientos para bloquear o ralentizar el nuevo proceso en cada etapa, sin conseguir su objetivo. La semana pasada, el STF rechazó un pedido de descalificar a Janot por “obsesiva conducta persecutoria”. La defensa alegó luego que el caso debía ser devuelto a la fiscalía, pues contenía hechos anteriores a la llegada de Temer al poder en mayo de 2016, que solo podrían ser juzgados cuando concluya el actual mandato, a finales de 2018.