La Corte Suprema de Justicia –en fallo del pasado 11 de marzo y con ponencia del magistrado Efrén Tello– no admitió un amparo presentado por el exadministrador de la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental (AIG) Eduardo Jaén.
El recurso atacaba una solicitud de prórroga de la Fiscalía Séptima Anticorrupción para culminar la investigación –por la supuesta comisión de los delitos de corrupción y blanqueo de capitales–, que guarda relación con presuntas anomalías en el contrato de la AIG para la compra de la plataforma de mensajería móvil Criptext, por $211 mil 850 .
El fallo concluye que la fiscalía no violó ninguna garantía constitucional al emitir la resolución, el 13 de noviembre de 2017.
Además, que dicha decisión es sujeta de impugnación a través de un incidente de controversia, pero la defensa de Jaén no presentó este recurso antes del amparo.
Los magistrados destacan que contra las decisiones de la fiscalía procede el incidente de controversia, y este debe agotarse y haber sido decidido por los tribunales, para luego poder acudir ante la jurisdicción constitucional por medio de la acción de amparo de garantías.
Una auditoría de la Contraloría General de la República reveló que el dinero que pagó la AIG por la plataforma Criptext fue a manos de Mayer Mizrachi, dueño de Innovative Adventure, empresa que suministró la aplicación tecnológica.
En esta investigación también figuran Aracelli Roy de Jaén, Ariane Jaén Roy, Eduardo Jaén Roy, Mayer Mizrachi e Ilan Shatz.
El proceso aún está en investigación, ya que se le aplicó el artículo 2033 del Código Judicial, que señala que si no hay detenidos en los procesos relacionados con blanqueo de capitales y otros delitos graves, “no se concluirá el sumario hasta tanto se agote la investigación, previa autorización del juez de la causa”.
En el proceso original, por supuesto peculado en el contrato para adquirir Criptext, el Juzgado Decimocuarto Penal llamó a juicio al exjefe de la AIG y a Mizrachi por la supuesta comisión de ese delito. La audiencia no se ha celebrado.
Mientras, en diciembre pasado, la Fiscalía de Cuentas archivó este caso, en el que investigó a los procesados por presunta lesión patrimonial.