El pleno de la Corte Suprema de Justicia acumuló dos amparos de garantías presentados por el exministro de Seguridad José Raúl Mulino y el exjefe del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Garuz contra la decisión del Segundo Tribunal de Justicia de mantener el proceso por la presunta comisión de delito contra la administración pública (peculado), como parte del proceso por la compra de los radares a Selex del conglomerado de Finmeccanica.
Bajo la ponencia de la magistrada Ángela Russo, el pleno de la Corte estimó acumular los recursos presentados por Mulino y Garuz contra el auto No 62-SI de 14 de junio de 2016 expedido por el Segundo Tribunal de Justicia, que instruyó al Juzgado Quinto de Circuito de lo Penal de Panamá para que conceda el recurso de apelación presentado por la Fiscalía Tercera Anticorrupción, dentro de la investigación por la compra de 19 radares por $125 millones.
El Juzgado Quinto Penal había declarado la nulidad parcial del expediente, por por considerar que la fiscal efectuó diligencias judiciales fuera del término permitido para concluir la instrucción sumarial.
Los abogados de Mulino y Garuz presentaron sendos amparos, bajo el argumento de que sus derechos fundamentales fueron vulnerados durante la investigación adelantada por la Fiscalía Tercera Anticorrupción, ya que se había excedido en el tiempo de investigación, y por tanto se debía declarar la nulidad del proceso.
El 22 de enero de 2016, la Fiscalía Tercera Anticorrupción solicitó llamamiento a juicio contra Mulino y Garuz por el caso de los radares de Selex. El Segundo Tribunal está pendiente de pronunciarse sobre esta solicitud.
Los radares, de los cuales solo se instalaron siete, eran parte de una supuesta estrategia de seguridad implementada durante la administración del presidente Ricardo Martinelli (2009-2014) para supuestamente blindar las costas panameñas de la llegada de embarcaciones utilizadas para traficar drogas.