En una decisión dividida —de tres votos a favor y dos en contra—, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala suspendió de forma definitiva la expulsión del jefe de la Comisión Internacional contra la Corrupción (Cicig), Iván Velásquez, que había sido ordenada el pasado domingo por el presidente Jimmy Morales.
“La CC, después de un exhaustivo análisis del caso, resolviendo la petición que al respecto formuló el solicitante del amparo, que fue el procurador de los Derechos Humanos, otorga el amparo provisional solicitado y como efecto de esa decisión deja en suspenso definitivo el acto que se señaló como reclamado y la decisión ahí contenida”, manifestó el magistrado José de Matta al anunciar la decisión contenida en la resolución 4182-2017, junto al resto de los integrantes de la corte.
La resolución ordena notificar la decisión a la ministra de Relaciones Exteriores, al ministro de la Defensa Nacional, al ministro de Gobernación y al director general de la Policía Nacional Civil para que se abstengan de acatar la orden de Morales.
De acuerdo con la Corte, la orden del presidente carece de las formalidades que establece la Constitución en sus artículos 182, segundo párrafo, y 192, inciso “c”.
El primero de los artículos señala que “el presidente de la República, actuará siempre con los ministros, en Consejo o separadamente con uno o más de ellos (...); y el segundo, que es función del ministro “refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República, relacionados con su despacho para que tengan validez”.
El argumento del órgano jurisdiccional alude a que la carta en la que Morales notifica a Velásquez que fue declarado no grato solo está firmada por él, lo que más temprano había alertado el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, y por lo cual había acudido a ampliar un amparo en contra de la orden de Morales.
La corte también advirtió otras falencias: que se citan dos fechas diferentes sobre un mismo aspecto y que se alude como fundamento legal a un literal de un artículo de la Constitución que no corresponde.
En la solicitud de amparo resuelta por la CC, el procurador Augusto Rodas alegó que rechazaba la decisión del mandatario por ser un golpe a la institucionalidad del Estado; porque ahonda el riesgo de aislamiento internacional del país; porque se incumplía el convenio bilateral ONU-Guatemala que indica que no podrá entorpecer ni ser objeto de represalias el personal de la Cicig; y porque debió abstenerse de tomar decisión en cuanto al trabajo de Velásquez, ya que su entorno familiar más cercano está procesado por la Cicig y está en curso una investigación de su partido, en el cual fungió como secretario general.
Luego de conocerse la decisión de la CC, el procurador Rodas emitió un comunicado en el que señaló que “esto permite restaurar la situación y preservar el Estado de derecho, el mantenimiento del orden constitucional, la lucha contra la corrupción y la impunidad”. Añadió que por el bien de la democracia se debe respetar la decisión del máximo tribunal.
Al cierre de esta edición, el mandatario no había reaccionado al fallo de la corte.
Más temprano, en una reunión de la Asociación Nacional de Municipalidades, Morales recibió el respaldo de los alcaldes a su decisión contra Velásquez.
Allí recordó un discurso previo en el que habló de la justicia. Afirmó que sigue fiel a sus promesas de campaña, entre ellas la lucha contra la corrupción. Dijo que no tiene temor de la ley, si en algún momento tiene que llegar ante ella y negó que esté defendiendo gente corrupta.
ONU reitera respaldo
El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, reiteró ayer su apoyo a su enviado anticorrupción en Guatemala, Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), al tiempo que negó que el presidente Jimmy Morales le pidiera su salida durante su reunión del pasado fin de semana. “Creo que la Cicig ha estado realizando una tarea importante en crear condiciones para reforzar la gobernabilidad y para luchar contra la corrupción en Guatemala”, apuntó.
“He expresado que me pareció escandalosa la orden que se dio para su salida del país. Nunca hubo una solicitud formal hacia mí para que yo lo destituya, si bien el presidente expresó inquietudes, pero eso es irrelevante”, añadió el diplomático desde Ramala, en Cisjordania, al reunirse con líderes palestinos.
También le dio su apoyo a Velásquez el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein. A través de un comunicado, se mostró preocupado por la decisión del Gobierno y le hizo un llamado para que permita a la Cicig llevar a cabo su trabajo sin obstáculos y tomar medidas para garantizar su protección y la de todos los defensores de derechos humanos.